Primero fue el aborto. Ahora le llegó al cambio climático. La Corte Suprema de los Estados Unidos sigue su avanzada reaccionaria. Esta vez, los seis magistrados conservadores se impusieron ante sus tres colegas progresistas, y dictaminaron que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) no puede dictar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón, que producen casi el 20% de la electricidad estadounidense.

En 2007, el máximo tribunal había decidido que la EPA era competente para regular las emisiones de gases responsables del calentamiento global. Ya en los años ’60 una ley le daba potestad de limitar la contaminación del aire.

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Con la llegada de Donald Trump se dio la designación de tres magistrados conservadores en la Corte, por lo que la conformación pasó a ser de 6 contra 3. En 2019, Trump publicó la «Regla de Energía Limpia Asequible», que limitaba el alcance de la acción de la EPA, a la que le quitó la posibilidad de remodelar la red de producción de electricidad.

Un tribunal federal invalidó esa medida, entonces varios estados conservadores y la industria del carbón pidieron a la Corte Suprema que interviniera y aclarara los poderes de la EPA. Ahí entonces entró en acción el cuerpo de jueces conservadores, para marcarle un cerco a la entidad federal.

«Fijar un límite a las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que requeriría un alejamiento nacional del carbón para generar electricidad podría ser una solución relevante para la crisis actual. Pero es inverosímil que el Congreso le haya dado a la EPA la autoridad para promulgar tal medida», esgrimió el juez John Roberts en el fallo.

En la última década Estados Unidos sufrió sus seis años más calurosos. En ese sentido, Elena Kagan en nombre de los jueces progresistas, denunció: «Hoy, la Corte despojó a la Agencia de Protección Ambiental del poder que le dio el Congreso para abordar el ‘problema más apremiante de nuestro tiempo'».

La diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó la decisión del supremo de «catastrófica». En cambio, quienes recibieron con satisfacción el fallo fueron los gobernadores republicanos, que pedían la “libertad” de regular en cada estado las emisiones y las regulaciones de contaminación. Las diferentes agrupaciones especializadas les respondieron que en un tema como el ambiental no existen las fronteras. Aunque un estado controle y establezca una regulación determinante, no le servirá de nada si al lado tiene un estado permisivo.