La Defensoría de la Niñez podría quedar acéfala: “Sería trágico para el sistema de protección de derechos”

Llevó años de trabajo, discusiones y negociaciones que se conformara y luego que se designara a alguien al frente de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. En pocos meses, podría volver a quedar acéfala. En un contexto de reducción de políticas públicas para los sectores más vulnerables y con cerca del 70% de la población infantil y juvenil bajo la pobreza. “Sería trágico”, advierten.

En marzo vence el mandato de la actual defensora de la niñez, Marisa Graham. Su reemplazante debería ser designado tras un examen y concurso público, convocado por una comisión bicameral según indica la ley. Los representantes fueron designados en Diputados, pero no en el Senado. Tras el fin del período ordinario, sólo queda la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida incluir el tema en las sesiones extraordinarias.

“Es un organismo fundamental en el sistema de derechos, porque en todo lo que haga el Estado nacional no hay otro organismo de defensa de derechos específico para niñas, niños y adolescentes”, advirtió Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que integra el colectivo Infancia en Deuda, conformado justamente para impulsar el cumplimiento de la puesta en funcionamiento de esta Defensoría.

“Tenemos una preocupación muy grande, porque si el Congreso no nombra una bicameral tememos que quede sin funciones en la práctica. Hay dos ejemplos de esto: la Defensoría del Pueblo, que es un organismo vacío para la democracia, y la Defensoría del Público, que por resolución conjunta de las presidencias del Senado y Diputados se sombró a una interventora que llevó al cierre del organismo. Entendemos que fue ilegal. Ese escenario para la Defensoría sería trágico, en un contexto de 70% de NNyA bajo la línea de pobreza”, alertó Rodríguez en diálogo con Tiempo.

El organismo participa en procesos judiciales, puede querellar, hacer recomendaciones a juzgados, intervenir desde un aspecto técnico, asesorar ante proyectos de ley que inciden sobre las infancias, como el reciente contra la ludopatía. Desde su creación actuó en alrededor de 2.500 casos: el 25% se trató de casos graves de violencia, incluyendo agresiones sexuales contra niñas y niños, según Infancia en Deuda.

“Cumple una funcionalidad institucional para la vida política excepcional y relevante, que hace al cumplimiento de los derechos de un grupo que en general es irrelevante para la política. Los recortes a la educación este año han sido brutales. Si uno se queda sin ese organismo, se queda sin la cabeza del sistema de protección”, diagnosticó el referente de ACIJ.

Una preocupación desde la ONU

Cuando Graham presentó este año su informe ante el Comité por los Derechos del Niño de la ONU (que tuvo una conclusión lapidaria sobre las políticas del actual gobierno en materia de infancias), varios de sus miembros le manifestaron preocupación por la continuidad de la Defensoría. Les preguntaron a ella y al defensor adjunto -Facundo Hernández- qué pasaría con el organismo, ante la no conformación de la comisión bicameral que debería convocar al concurso para la próxima gestión. Con el paso de los meses, esa preocupación se acrecentó.

“Durante todo el año estuvimos enviando notas, pidiendo reuniones, hablando con diputados y senadores y por diversas razones el Senado terminó sin nombrar a sus representantes para la comisión. Si el Poder Ejecutivo no incluye el concurso y eventual nombramiento, el Congreso no puede tratarlo”, explicó Rodríguez. Y remarcó que “no hay muchos procesos en los que se haga un concurso de antecedentes, con exámenes. Estamos por la defensa de derechos de NNyA pero también por la calidad de la democracia. No se ha respetado eso y hay poco interés por parte del partido de gobierno de conseguir nombrar una bicameral para nombrar comisión que pueda sustanciar el concurso público”.

Lucía Buratovich, directora de Programas de Aldeas Infantiles SOS en Argentina y también miembro de Infancia en Deuda, compartió ese punto de vista: “Que la Defensoría quede vacante no solo afecta directamente a una población vulnerable y fundamental para el presente y futuro de nuestro país, sino que también debilita nuestra democracia al privarla de un pilar esencial para la defensa de los derechos de quienes más lo necesitan”.

“Este puesto estuvo sin cubrir durante 13 años desde la sanción de la ley que lo creó (Ley 26.061, en 2006), lo que representó un enorme vacío en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si vuelve a quedar vacante, se corre el riesgo de que no haya una figura institucional que garantice la defensa activa de sus derechos, supervise las políticas públicas destinadas a esta población e intervenga frente a posibles vulneraciones”, planteó Buratovich.

El panorama se vuelve aún más preocupante bajo el gobierno de la motosierra. “El ajuste en políticas públicas que el Gobierno llevó adelante este año y planea continuar el próximo, según el proyecto de presupuesto presentado, no parece ofrecer una solución para revertir esta situación. Por el contrario, medidas como los recortes en los presupuestos de programas clave, como Educación Sexual Integral, Conectar Igualdad, el Plan de Apoyo a la Primera Infancia y Fortalecimiento Familiar, Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, entre otros, agravan aún más el panorama. Estas políticas, que deberían ser insumos claves para garantizar derechos y oportunidades, están siendo debilitadas en un momento en el que más se necesitan”.