Desde algunos sectores sindicales, exigen la renuncia de la Ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni.
Durante la jornada de hoy, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), confirmó la muerte de la maestra, de 34 años, quien se encontraba internada desde el 30 de junio en el hospital Lagomaggiore de Mendoza. Su situación era muy crítica con «más del 90% de la superficie corporal quemada, con compromisos de la vía aérea y del pulmón», informó Roxana Cabrera, directora del centro de salud. A raíz de este hecho, ATEN se movilizó en las principales plazas de las ciudades de la provincia, y en la capital convocó a una masiva marcha en el centro de Neuquén, que culminó frente a Casa de Gobierno. El secretario general de la gremio docente, Marcelo Guagliardo dijo en el acto que «esta es una marcha que nunca hubiéramos querido hacer. La escuela no es un lugar para morir», aseguró y cuestionó al Gobierno de la provincia, al que hizo responsable de la muerte de la docente y los dos operarios.
En el mismo sentido, varios gremios docentes se solidarizaron y exigieron que la justicia investigue. “Los gobiernos provinciales son responsables de acondicionar los edificios escolares. La negligencia, la desidia, y la insensibilidad de las administraciones son las responsables de que hechos como estos se sigan produciendo”, manifestaron desde UTE. “Exigimos junto a ATEN que en forma urgente avance la investigación de los hechos y que se haga justicia por Mónica”. Por su parte, desde el gremio docente ADEMYS, reclaman la renuncia de la ministra de educación de Neuquén Cristina Storioni y todos los responsables. “Exigimos Paro Nacional de Ctera ya. Impulsar una acción junto a los sindicatos docentes de conducción Multicolor; Que Ctera rompa con el gobierno; y seguir impulsando la coordinación nacional con las seccionales y sindicatos independientes, en defensa de la salud y la educación”.
En diálogo con Tiempo, Brenda León, delegada de ATEN, integrante de la Agrupación Azabache en el Frente Bermellón, aseveró que “el gobierno provincial es el responsable directo de estas muertes, porque estas obras se estaban realizando desde hace dos años. Y esta parte nueva estaba destinada al albergue y se encontraba sin funcionar por la situación sanitaria, hasta que la Ministra de Educación ordenó la vuelta a la presencialidad y empezó a presionar”. El sindicato ATEN se opuso al retorno a la presencialidad en la provincia, porque la ocupación de camas de terapia intensiva estaba al 100%. “Si bien el sindicato se pronunció en contra no hubo una medida de fuerza que evite el retorno a las aulas y, ante esto, empezaron a operar los mecanismos de presión de las diferentes instituciones educativas, y sumado a que dentro de la comunidad no había ninguna posibilidad de sostener una continuidad virtual, se regresó a la presencialidad”, agregó.
La investigación iniciada es por «delitos de homicidio y lesiones culposas», a cargo de la fiscal jefa Sandra González Taboada. La misma tiene como hipótesis principal que “la explosión en la escuela la provocó una fuga de gas”, según informó el Ministerio Público Fiscal.
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