Los pactos inmobiliarios firmados entre diferentes empresas privadas y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no solo alteran las condiciones ambientales del distrito porteño ante el incumplimiento del Plan Urbano Ambiental (PUA), de la Constitución de la Ciudad, del Código Urbanístico y el de Edificación, que se suman las excepciones y manipulaciones de las normativas edilicias; al mismo tiempo ponen en jaque a los servicios públicos que está obligado a garantizar el ejecutivo porteño.

Es por esta razón que la Red de Organización Barriales (ROB), integrada por vecinos y vecinas de decenas de barrios porteños, pone énfasis en la suspensión del nuevo código urbanístico votado en 2018 en la Legislatura porteña. “Nosotros y nosotras no estamos en contra del progreso y de la construcción, pero sí defendemos es la identidad cultural, el patrimonio de los barrios y el patrimonio natural”, cuenta a Tiempo Adriana Fernández, referenta del colectivo “Colegiales Participa y Decide”.

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La ROB está conformada por miles de vecinos porteños que integran diferentes colectivos y organizaciones de los barrios de Caballito, La Paternal, Parque Chacabuco, Almagro y Balvanera, entre otros tantos. “La situación es urgente y por eso proponemos la suspensión de los nuevos códigos, rediscutir la planificación de la Ciudad desde la democracia participativa, y que no la planifiquen solamente los desarrolladores inmobiliarios”. Son 30 las organizaciones barriales y socioambientales que coinciden en estos puntos, pero que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desoye sistemáticamente.

En las últimas semanas, a la Red se sumaron vecinos y vecinas de los barrios más acaudalados como Núñez, Belgrano, Belgrano R, el Barrio River; también conocido como Barrio Parque General Belgrano, y Palermo; juntos a diferentes distritos históricos que ya conformaban la ROB como Villa Ortúzar, Agronomía, Villa Crespo, La Boca, Villa Pueyrredón, Costanera, y Parque Chas.

Ampliar la cantidad de plantas y árboles nativos en las veredas, plazas, paseos y parques de los barrios; es una de los reclamos del conjunto de vecinos, quienes además proponen apoyar iniciativas de preservación e incremento del arbolado público urbano de follaje frondoso; ya que, el gobierno porteño, destina la mayor parte de los recursos humanos y financieros a la poda sistemática y extracciones de árboles. “Pedimos que deben ser reasignados a preservación, plantación y cuidado, como lo marca la Ley N° 3.263 y el Plan Maestro de Arbolado”, exclama Fernández y agrega: “exigimos frenar el impacto negativo que generan los nuevos códigos votados a espaldas de la ciudadanía, que permiten crecer en altura hasta siete pisos donde antes se permitían solo cuatro. Por ejemplo, en Colegiales, esto repercute no solo en lo ambiental, también en el colapso de los servicios públicos y en el equipamiento urbano: Falta de vacantes en la educación pública, problemas en la salud pública, y déficit de espacios verdes”, como consecuencia de la construcción indiscriminada.

El respecto a las normas internacionales

“Enmarcar cualquier decisión que afecte al medio ambiente natural y al medio ambiente urbano, en los postulados de la ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)”, indica el punto seis de una serie de ítems que exigen las y los vecinos que integran la Red. El postulado mencionado es contundente: “El cambio climático amenaza el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos que incluyen los relacionados con la vida, el agua y el saneamiento, los alimentos, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. Los Estados tienen la obligación de defender los derechos humanos para prevenir los efectos adversos predecibles del cambio climático y garantizar que aquellos a los que afecte, sobre todo los que estén en una situación de vulnerabilidad, tengan acceso inmediato a recursos y medidas de adaptación efectivos que les permitan vivir dignamente”.