Hubo un fallo, histórico, que prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de la población de Sastre y Ortiz, en el corazón sojero de Santa Fe. Pero antes hubo un drama, el de una beba con cáncer; y una lucha, la de todos los vecinos en defensa del derecho a vivir en un ambiente saludable. Resultó clave en la decisión de la justicia el aporte de la ciencia digna para demostrar el daño genético de las personas expuestas a los agrotóxicos. El caso también dejó en evidencia a productores y funcionarios municipales que pretendieron continuar con el riego irresponsable de venenos.
La semana pasada, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, resolvió establecer “un perímetro de exclusión o reserva de 1000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz, en el departamento San Martín, dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos”. El fallo no mencionó a las aplicaciones aéreas porque una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2019 había establecido una distancia de 3000 metros.
Así la justicia santafesina dio lugar al amparo colectivo presentado en noviembre de 2018 por vecinos de Zoe Giraudo, una beba de por entonces dos años con diagnóstico de linfoma linfoblástico tipo T, secuela de la convivencia con los “mosquitos” y las avionetas que esparcen herbicidas.
“En mi casa, cruzas una calle de tierra y empiezan los campos de soja. Estamos rodeados”, cuenta Sonia González, mamá de Zoe, la involuntaria hacedora de un veredicto histórico.
El 19 de octubre de 2017, el mismo día que festejaban el primer año de vida de Zoe, los padres debieron llevarla al hospital por una infección viral respiratoria que derivó en un linfoma. Lo que siguió fue la internación durante ocho meses en un sanatorio de Rosario y la rutina de la quimioterapia por venas.
“Lo primero que preguntamos –recuerda la madre– es por qué había aparecido una célula en mi hija que estaba haciendo un desastre en su organismo y los médicos nos explicaron que se debía a la exposición a los agroquímicos. Además, de las fumigaciones, yo había trabajado 11 años en una cooperativa agrícola que vendía insumos químicos y mi oficina estaba a cinco metros del depósito. Así que cuando nos dieron el alta, sabiendo que mi hija no podía tener más contacto con el veneno, empezó la lucha”.
En Sastre, pese a que unos pocos vecinos venían denunciando hace años el daño provocado por las aplicaciones de agrotóxicos, la enfermedad de Zoe movilizó a casi todo el pueblo, que se organizó en una asamblea y logró que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza alejando las fumigaciones a 200 metros del ejido urbano, sin embargo, la oposición de productores y del propio municipio alcanzó para que la normativa sea vetada.
Los vecinos autoconvocados recurrieron a la Corte Suprema de Santa Fe y buscaron el patrocinio del Defensor Oficial, al tiempo que acumularon evidencia científica que apoyara su denuncia. En noviembre de 2018, el juez de San Jorge, Daniel Zoso, les otorgó una cautelar estableciendo 400 metros de distancia, hasta que la insistencia de productores y del municipio volvió a imponerse, gracias al favor de la jueza Beatriz Forno, quien, en plena feria judicial, revocó la resolución de su colega. Recién en febrero de este año, el juez Hail restableció la cautelar y hace unos días, para sorpresa de muchos, dictó sentencia firme extendiendo la distancia de protección hasta los 1000 metros.
“Lo que se logró –aclara Noelia– no fue solo por Zoe, sino por todo el pueblo. Ojalá que se empiece a replicar en toda la provincia porque cuanto más alejemos a los venenos, va a ser mejor para todos”.
Ciencia digna
El fallo de Hail se apoyó en la prueba científica aportada por los campamentos sanitarios, a cargo del director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi, que indicó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional. También fue clave la presencia como testigo del biólogo Rafael Lajmanovich, quien presentó los estudios de 20 años de trabajo de laboratorio sobre áreas sojeras de Argentina y una docena de investigaciones a nivel internacional que demuestran el daño en la salud, especialmente en niños, que provoca vivir en comunidades fumigadas.
“Les digo a la gente de otras localidades –insiste Noelia– que empiecen lo que hicimos nosotros. Es un trabajo arduo, pero vale la pena porque lo que está en juego es la vida”.
