En septiembre del año pasado, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, clausuró el zoológico de Luján por supuestos hechos de maltrato animal y por incumplir con la normativa vigente. En otras inspecciones realizadas en febrero de ese mismo año, ya se habían cerrado varios recintos en donde los visitantes alimentaban a los elefantes, leones, tigres, y otras especies; situación que viola la ley provincial 12.238 que prohíbe el contacto entre el público y los animales.
A raíz de esta situación, salieron a la luz otras cuestiones: los animales no estaban correctamente identificados. Cada una de las especies deben tener un número asignado para que las autoridades puedan conocer la cantidad de animales y de especies que se encuentran en el lugar, para poder llevar un registro de las altas y bajas. Al estar incompleta esta etapa de identificación surgieron fuertes sospechas acerca de la venta ilegal de animales.
El titular de la cartera de Ambiente, Juan Cabandié, se presentó como querellante en la causa para que se investiguen los maltratos. La Cámara Federal de San Martín falló a favor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ocurre después de que el Juzgado Federal de Mercedes alegara la supuesta inexistencia de delitos de maltrato animal. De esta manera, la Justicia prosigue la investigación impulsada por el Ministerio de Ambiente para esclarecer la supuesta matanza de grandes felinos bajo la modalidad de “caza enlatada”, esto es, la cacería ilegal de ejemplares nacidos en cautiverio, presuntamente facilitados por los titulares del zoológico.
Respecto al tráfico de animales, la justicia indaga sobre el comercio ilícito de animales desde otros zoológicos o circos; del tráfico de subproductos de la fauna silvestre, como garras o cueros; y la reproducción ilegal de especies que residen en el zoológico de Luján, situación por el que la Brigada de Control Ambiental (BCA) continúa fiscalizando las instalaciones.
Se estima que el supuesto accionar ilícito denunciado guarda relación con propietarios de cotos de caza, cazadores, taxidermistas, coleccionistas privados y demás personas que se vincularían con las actividades ilegales en cuestión, circunstancia que podría configurar el delito de asociación ilícita.
¿Cómo surgieron las sospechas del comercio ilegal?
Los indicios más fuertes son: la cantidad de animales, la falta de identificación y la reproducción sin límites. En el informe del Ministerio de Ambiente de febrero de 2020, hicieron mención al supuesto delito: «De esta manera, el Ministerio de Ambiente de la Nación aúna esfuerzos para combatir actividades ilícitas vinculadas al tráfico de fauna, uno de los comercios ilegales más rentables del mundo», señalaron y concluyeron que: «Asimismo, se orienta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales se busca que los estados adopten medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres».
