Los vaivenes de la Corte Suprema y de la Justicia en general marcan que, independientemente de los dramas sociales, la falta de trabajo, del salario magro y de la calidad de vida en absoluto descenso para la gente, lo grave para la República sigue siendo ese tema: la Justicia.

Cuando la Corte anunció que pedía el expediente, todo el mundo tomó nota de algo evidente: el gobierno quería impedir un juicio que es un verdadero bochorno para la Justicia. La Corte advirtió el hecho de que las pericias no estaban terminadas, porque se hicieron sobre un número muy limitado de las obras de las que tenían que ocuparse. Pero además sabe perfectamente que el informe de Javier Iguacel, que inició el trámite frente a Julián Ercolini, es exactamente lo contrario de lo que pretendían. Iguacel debió recurrir por ley a los dos peritos y un contador que dijeron que no había sobreprecios, ni ningún tipo de delitos, mínimamente en la tarea que se había hecho. Pero el exministro de Energía, igual, con el viento de popa que implica el poder real que sustenta el gobierno ante la Justicia, se presentó ante Ercolini. Y el notable servil del establishment que es Ercolini, el hombre que ni siquiera convocó a Héctor Magnetto en la causa Papel Prensa, le dio el pase a una Cámara que, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, tuvo la misma liviandad. Cada uno tuvo las deficiencias de la causa que después pasó por Casación, por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, tres personas que están definitivamente liquidadas para la credibilidad de la Justicia.

Pero lo peor de todo fue que cuando quisieron enmendar las fallas que tenía el informe que había aportado Iguacel, que carecía de elementos que permitieran llevar a cabo una causa. Y allí apareció Leonardo Fariña, para ser partícipe de un entente con la actitud del gobierno para liberarlo, con  Germán Garavano quitando del medio a un juez como Carlos Rozansky, con la gestión desde la AFI (es decir, desde el gobierno) para decir aquello de lo que no tenía la menor idea…

Así, posiblemente, en la Corte empezaron a decir que no podía permitir que ese mamarracho prosperase y en nombre de la posible nulidad, pidieron el expediente. Eso fue leído, correctamente, por todo el mundo, de que el juicio no podía comenzar. Si no empezaba el martes 21, no habría una fecha, al menos, por este año.

La Corte sabía perfectamente que el juicio era sólo una exigencia de Clarín-La Nación y, en parte, del gobierno, para poner a CFK en la picota pública en el año de las elecciones. Así como tergiversaron la democracia por completo en 2015, con las denuncias por asesina a Cristina; a su hijo Máximo y a una ministra por tener U$S 60 millones en cuentas en el exterior; a Kicillof por robar dinero de YPF y a Aníbal Fernández como ideólogo del triple crimen vinculado al narcotráfico. Y todo, por supuesto, navegando por las más espantosas y escandalosas mentiras en cada uno de los casos.

Lo quieren repetir ahora. Necesitan envenenar a la gente, dándole el espectáculo de una expresidenta sometida a estar en el banquillo de los acusados, en una causa inexistente, absurda, como la propia Corte interpretó cuando pidió los expedientes. Pero a partir de eso, la presión de los medios fue increíble, con notas y títulos que llevaron a cabo la arenga televisiva para que cacerolearan los más monstruosos personajes de la derecha. Y la protesta airada del gobierno cobijada por esa protección mediática, llevó a la Corte a dar un paso atrás en lo que había dicho y ofrecer explicaciones tan lamentables que los mismos miembros se deben estar preguntando para qué se metieron en esta historia.

Esto sirve para reflexionar que si la Corte no puede aguantar 24 horas de presiones y ataques mediáticos y políticos, qué queda para el resto de los jueces.

Lo de la Corte, su liviandad, su flojedad y su cobardía ante la arremetida de la derecha deja en condición de héroes a personajes como Luis Carzoglio, y Alejo Ramos Padilla, que fueron capaces de confrontar con todas las críticas y presiones habidas y por haber, para llevar adelante el cometido que corresponde a la Justicia.

Paralelamente se supo que una de las causas más innobles que el gobierno haya defendido, como es el asesinato de Rafael Nahuel, terminó con una fallo de la Cámara Federal de General Roca, diciendo que todo lo que hizo el gobierno apuntó a buscar un enemigo para justificar un asesinato, y decidiendo procesar por homicidio agravado a Francisco Javier Pintos, el prefecto que asesinó a Nahuel.

Todas las mentiras de Clarín y La Nación respecto de la pólvora de las armas en las manos que tenían los mapuches, como denunciaron tanto Patricia Bulllrich, como Gabriela Michetti o Garavano, quedaron completamente descartadas. Se comprobó que fue un asesinato vil a las órdenes impartidas por Bullrich, quien fue directamente a la defensa del prefecto asesino, y que fue mentira  que los mapuches tenían armas que arrancaban árboles de cuajo y que habían procedido violentamente con esas armas. Y que sí, todo ocurrió en medio de un tiroteo.

Ver que una cámara como esa y la Federal de Mar del Plata, aun con mucha cautela, tomaron su decisión a favor de la Justicia, permite encontrar cierta tibieza todavía en este mundo helado y monstruoso que propone la Justicia de la Corte, del Consejo de la Magistratura, de la Cámaras de Casación en general y de jueces como Irurzun, Bruglia, Ercolini, Bonadio, Bertuzzo, o fiscales como Stornelli, defendidos a ultranza por el gobierno y por el procurador general Casal, hasta límites en los cuales, la palabra bochorno se convierte en una palabra vacía, porque es muchísimo peor todavía lo que han hecho, por caso, tratando de bloquear la comparecencia en la Justicia al fiscal Stornelli, quien debió haber sido empujado a dar la cara por los delitos que se le imputan en el manejo, junto a D’Alessio, de una organización perversa de espionaje y extorsionadores favorecedores del gobierno. «