Elena Rojas es de contextura menuda, algo que terminó beneficiándola para pasar desapercibida dentro del boliche El Basilón, en Liniers, uno de los lugares donde, según el fiscal federal Federico Delgado, se lleva a cabo «un plan delictivo direccionado a captar adolescentes, dominar su subjetividad y explotarlas sexualmente”. 

“Todo el tiempo que Nadia estuvo desaparecida –empieza Elena–, yo hacía dormir a mis otros hijos y salía a buscarla. Me metía en esos boliches, que en realidad son antros. Podías esperar que pasara cualquier cosa ahí adentro. Fueron dos meses de salir todas las noches y volver a casa a las cinco de la mañana.” 

La adolescente de 14 años desapareció por primera vez el 9 de junio, cuando se dirigía a la Escuela René Favaloro, ubicada cerca de su casa en Villa Lugano, y un mes después fue encontrada en Parque Patricios, tras lo cual la justicia ordenó su traslado a un refugio del Gobierno de la Ciudad, de donde se escapó el 3 de agosto. Volvieron a encontrarla el 24, esta vez en una casa de La Salada. La familia había advertido que la adolescente podía estar secuestrada en ese lugar, donde vive el hombre que la había captado la primera vez. 

“Cuando hice la primera denuncia por la desaparición de Nadia, en la Comisaría 52° no me la querían tomar. Yo tuve que investigar. Empecé a preguntarles a los compañeros de mi hija dónde podía estar, me metía en los grupos de Facebook del colegio, y así llegué a los boliches y a las casas donde hacían fiestas privadas. A la policía les di todas las direcciones de donde podía estar mi hija y los nombres de quienes estaban con ella, pero nunca movieron un dedo para encontrarla. Con el juez (Rodolfo Canicoba Corral) me pasó lo mismo. Pareciera que esperan que tu hija aparezca en un zanjón para creerte”. 

Evidenciar la inacción policial y poner en riesgo el negocio rentable de la trata tiene consecuencias que pueden resultar fatales. “Desde el primer día recibí amenazas. A la mañana, mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar, me pasaban por al lado y me daban a entender que no les costaría nada matarme. A uno de mis hijos, agentes de la DDI lo golpearon y le dejaron un mensaje: decile a tu mamá que cierre el orto”. 

Para la fiscalía que interviene en la causa abierta por la desaparición de Nadia, “existe un grupo que explota la situación de vulnerabilidad afectiva y económica. Esa organización criminal monitoreaba sus movimientos y tenía pleno conocimiento de su situación. En principio no la esclavizaron privándola de su libertad, sino apelando a mecanismos de dominación espiritual, no tan visibles pero mucho más profundos. Cuando las víctimas intentaban salir de ese circuito ilícito, comenzaban las amenazas. Las tareas de la policía, las declaraciones de los docentes y los testimonios obtenidos permiten sostener esta hipótesis». 

“Esto me cambió la vida. Después de estar día y noche buscando a mi hija, perdí el trabajo y la casa. Ningún funcionario me llamó para preguntarme si necesitaba algo. Institucionalmente fue todo un desastre. Desde la búsqueda de mi hija hasta la asistencia que se supone debíamos tener después de encontrada. Sólo los vecinos y las organizaciones sociales me dieron contención”. «