En una entrevista con Tiempo, María Florencia Piermarini contó su experiencia y el trabajo que realizó mientras fue la primera mujer al mando del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en toda la historia de la fuerza de seguridad. Es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especializada en derecho penal. Ante la precariedad institucional que existe en las prisiones y que agrava las condiciones materiales de detención de los allí cautivos, la letrada explicó que durante su gestión observó y analizó al sistema de encierro desde una perspectiva de género basada en los Derechos Humanos.

Con mucho esfuerzo, logró eliminar la sigla N.N. que se usaba desde mediados de los 90 para categorizar a las personas detenidas que solo son portadoras de un apellido, por no haber sido reconocidas por sus padres y, en algunos casos, por sus madres. Su trabajo muestra que existe la posibilidad de mejorar la terrible situación que atraviesan las cárceles. 

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«En 2009, me convocaron a trabajar en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como asesora en la Subsecretaría de Política Criminal, un área que entre otros organismos tenía a su cargo al SPB», repasó María Florencia. Trabaja en causas vinculadas con la violencia de género y, actualmente, «trabajo en la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, en la Dirección de Acceso a Justicia», continuó. También explicó que hasta ese momento su trabajo con el sistema penitenciario era de control. «O sea, ver qué se hacía en las cárceles de la provincia con el personal, las presas y los presos».

Casi tres años después, en enero de 2012 falleció quien estaba a cargo de la jefatura del SPB. El Ministerio de Justicia y Seguridad en ese momento se encontraban fusionados y el titular era Ricardo Blas Casal. «Me propuso el desafío de conducir el sistema penitenciario más grande de la Argentina. Estuve al frente del SPB hasta diciembre de 2015», recordó María Florencia.

Así, un 16 de febrero de 2012, con entonces 36 años, se convirtió en la primera mujer en asumir como Directora del SPB, «teniendo a cargo alrededor de 28 mil efectivos y más de 30 mil detenidos, en las más de cincuenta unidades penales de toda la órbita provincial».

En toda la historia provincial, es la primera mujer y primer civil que tomó «esta responsabilidad». Dentro de su gestión y, a pesar de muchas dificultades, «intentamos llevar a cabo políticas que garantizaran la educación, la inserción laboral para toda la población carcelaria y trabajar con las mujeres privadas de libertad». También hizo foco en la «profesionalización del personal y, por sobre todo, respetar las garantías constitucionales y los Derechos Humanos de todos y todas», aseguró María Florencia.

Perspectiva de Género en el SPB

Uno de los objetivos que se propusieron fue la «visibilización institucional e interinstitucional de la existencia de mujeres, las que estaban con niños o niñas y personas transgénero, entre el colectivo de las personas privadas de la libertad», explicó Piermarini. En ese marco y «porque lo que no se nombra no existe, implementamos talleres de sensibilización», profundizando en la temática sobre la «violencia en Establecimientos Penitenciarios e Institutos de Formación».

Diversidad de Género

A partir de la sanción de la Ley 26.743, se estableció la posibilidad de «cambio de género y nombre en función del género autopercibido». Se realizaron talleres de «sensibilización de género y diversidad sexual en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires», reconstruyó la abogada. Además, contó que se trabajó sobre «la inserción social y el resguardo de la integridad física, criterios que redundaron en la mejora de las condiciones objetivas de detención de personas transgénero que contaban con documento nacional de Identidad femenino», señaló.

Se buscó con estas capacitaciones generar avances en las «concepciones culturales en el personal de contacto, de que se trate a los internos varones trans y a las mujeres trans por su nombre de pila autopercibido o simplemente por su apellido y en género masculino o femenino», detalló.

Niñeces encarceladas

El dato es que las niñeces sufren el encierro junto a sus madres. Frente a ello, se dictó una «resolución que protocolizó la actuación del Consejo Asistido», dijo Piermarini. Lo hicieron para regular la «actuación de este instituto estableciendo estándares mínimos de funcionamiento para todas las unidades» donde alojan «mujeres con hijos». Trabajaron activamente con la entonces Secretaría de Niñez, «para fortalecer los lazos familiares y lograr la integración del niño o niña que nace en ese entorno», enfatizó.

Se privilegió la relación «materno infantil, garantizar a los niños y niñas el goce de sus derechos, principalmente la educación, salud y el acceso a prestaciones y programas de atención temprana y protección social dirigidos a madres, niños y niñas», ahondó María Florencia. El más conocido de dichos programas vigentes en la actualidad «es la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, programa dependiente de la Administración Nacional de Seguridad Social», agregó.

Con esta resolución, se recomendó que los chicos fueran a la escuela «en transportes escolares, en igualdad de acceso que los niños y niñas de la comunidad», para que participen de «actividades lúdicas y educativas en jardines maternales o de infantes y paseos con familiares», contó la abogada.

Protocolo de requisas

Fue un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense. «Una política pública de protección de los derechos de las mujeres». Fue una decisión sin precedentes. «La requisa es, básicamente, revisar a las personas que ingresan al SPB a visitar a sus familiares detenidos, tanto a sus cosas como a su persona», explicó.

Se implementó un procedimiento para garantizar que las «requisas fueran realizadas siempre por personal del mismo género que la persona requisada» y que no «puede ser expuesta a la mirada de otros visitantes ni de otros integrantes del personal, prohibición de contacto físico y de usar violencia física o psicológica», subrayó Piermarini.

También que la persona visitante se «quitara las prendas externas de su vestimenta, pero no la ropa interior», puntualizó. Se prohibió las requisas a «mujeres en partes íntimas de su cuerpo» y se estableció que «las personas que ingresaran a las unidades debían ser tratadas según su identidad de género y se debía evitar todo tipo de trato discriminatorio».

Personal penitenciario en la Universidad Pública

Durante su desempeño en el cargo, se tomó la decisión de cambiar «la matriz de formación de todo el personal penitenciario, celebrando convenios con universidades públicas para que la carrera de oficiales se cursara en universidades nacionales y provinciales», remarcó. Esto fue la renovación «histórica más importante en lo que hace a la formación y profesionalización de los oficiales del SPB», aseveró la letrada.

Todo esto se hizo buscando «no solo mejorar la calidad de los recursos humanos con los que cuenta esta fuerza, sino que se logró integrar a esta institución en la comunidad y consolidar el cambio que implica para nuestro país, que exhibe casi cuarenta años de democracia en forma ininterrumpida, desde su retorno en diciembre de 1983 hasta la actualidad”, concluyó María Florencia.

El desafío de esta transformación era que este servicio penitenciario estuviera «integrado a la realidad social, con compromiso y responsabilidad; enfocado siempre en la ampliación de derechos y en la inclusión social», continuó.

Resolución del cese de la sigla N.N.

Como una estrategia de identificación ágil, desde mediados de la década del 90, en el ámbito del sistema penal de la Provincia de Buenos Aires, se comenzó a registrar a las personas privadas de su libertad por los apellidos maternos y paternos. Sin embargo, esto trajo aparejado que aquellos internos que no habían sido reconocidos por su progenitor y que contaban sólo con el apellido materno, se utilizara para su identificación la sigla N.N. Lo mismo ocurrió con aquellos internos que sólo fueron reconocidos por sus padres y que desconocían el paradero de sus madres.

Aquí radica el por qué más importante de cancelarlo: «No podíamos pasar por alto que la utilización del N.N. remite a concepciones que son portadoras de una fuerte carga valorativa para los argentinos», ya que durante la última dictadura cívico-militar «se enterraban en fosas comunes los cuerpos de personas asesinadas, sin ninguna identificación y eran registrados como N.N.», señaló Piermarini.

Por todo ello, se dispuso mediante una resolución del SPB «el cese del uso de la sigla N.N. porque resultaba contraria al derecho a la identidad de las personas privadas de libertad» y porque su eliminación «garantiza que el Estado no discrimine aquellas personas que por cualquier circunstancia no hubieran sido reconocidas por alguno de sus progenitores», profundizó. Pero además porque fue una forma de «dejar de lado prácticas que remiten al peor de los pasados que tuvimos que atravesar como sociedad», finalizó María Florencia.