En medio de la discusión pública por la denuncia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) contra la policía de Lanús y contra el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, por apretar y exponer a “El Polaquito”, un menor con problemas que relata frente a la cámara supuestos delitos cometidos, se conoció la existencia de una denuncia penal contra la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que el 19 de junio detuvo a este mismo chico “cometiéndole apremios en su contra”. 

Así lo señala la denuncia por apremios ilegales de la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, elevada el 23 de junio a la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 7, y que resultó ampliada el 14 de julio por el asesor Gustavo Moreno. La acusación relata que a las 16.30 del 19 de junio, el asesor tutelar recibió un llamado que lo alertó sobre la situación de «El Polaquito», que se encontraba internado en el Hospital Penna, en Capital Federal. Había sido detenido y trasladado a ese centro de salud por parte de efectivos de la policía porteña que lo llevaron “arrastrado”, lo que generó “desencuentros y malestar” entre los efectivos y personal del hospital. 

La licenciada Alcira Camusso, trabajadora social del Penna le mostró su preocupación a Moreno: los policías no se querían identificar y pretendían llevarse al niño “sin indicar a qué lugar, y sin presencia del personal del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Pasadas las 17.30, la misma Alcira llama a Moreno comentándole que El Polaquito se había escapado, lo que motivó “una situación muy violenta entre el personal policial y el personal médico”. Luego del hecho, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indicó que la policía de la Ciudad no cumplió con las indicaciones del Juzgado de Menores actuante, y ni siquiera permitieron la comunicación con adultos responsables del niño, a pesar de que había informado su domicilio, el nombre de su madre y el lugar de trabajo. 

Finalmente, Moreno denuncia el supuesto ejercicio de “violencia y maltrato que originó la aprehensión y detención del niño hasta el hospital”; “la intervención policial implicó un trato violento, discriminatorio y humillante para el niño”, “fue intimidatoria para el niño al momento del examen médico como también para los profesionales”; “personal policial habría brindado una identificación falsa frente a los profesionales del hospital”; “la intervención policial no respetó los principios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad en la detención de un niño de 11 años”; “personal policial habría propiciado la fuga del menor del hospital a fin de encubrir el maltrato policial del niño en clara contraposición con lo dispuesto por el Juzgado interviniente”. 

El 23 de junio intentaron hablar con el chico, que “se mostró reacio a hablar de lo sucedido”. Luego llegó el informe del Comisionado Mayor Pablo Luis Kisch, Jefe Área de la Comisaría Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, donde cita testimonio de los supuestos policías intervinientes, quienes explicitan que lo detuvieron por “actitudes esquivas”, tras ser advertidos “por ocasionales transeúntes” de que dos menores estabas cometiendo un “ilícito”, que nunca es especificado por los policías. Tampoco les encontraron a los chicos ningún elemento sustraído. Al Penna lo llevaron con “escoriaciones en labio superior y dos escoriaciones pequeñas en mano izquierda región dorsal”, tal como declararon las pediatras que lo revisaron, Analía Yañez y Fernanda Santucho. 

Tras el informe del programa de Jorge Lanata, el MTE, liderado por Juan Grabois, denunció que la nota fue fabricada entre la producción y la policía de Lanús, forzando con amenazas y coacciones al chico a participar del informe, lo que representa graves violaciones a los derechos del niño: “Tiene una vida difícil, signada por la pobreza y conflictos con la ley, pero en ningún caso participó en hechos en los que hubiera portación de armas, se produjeran lesiones y mucho menos homicidios –indica la denuncia–. Su relato es en gran medida una fabulación inducida por los entrevistadores que explotaron a sabiendas la vulnerabilidad y los problemas psicológicos que el niño padece con el propósito evidente de hacer uso de su imagen como ‘producto audiovisual’ sensacionalista para su difusión en medios comerciales y posiblemente para justificar las reiteradas y crecientes actuaciones abusivas de las fuerzas de seguridad hacia los niños y la población socialmente vulnerable”. 

“La utilización de algunos medios de comunicación oficialistas para criminalizar a un niño es vergonzosa. Solamente se busca ver a los niños marginados como enemigos sociales, respecto de los cuales el Estado vulneró de antemano sus derechos sociales (vivienda, alimentación, salud, educación, entre otros)”, enfatiza Moreno, Asesor Tutelar de Cámara. Y menciona “la utilización mediática penosa” de un niño infractor a la ley penal con 11 años: “El gobierno nacional, de la Ciudad y de la provincia, con los medios oficialistas, deberían escuchar más, trabajar más y no violar cada derecho social de los chicos pobres”.

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