Como en todo contrato lo que preocupa es la letra chica. Algo que se incrementa cuando esa “letra chica” no existe y el documento se basa en definiciones generales que luego se delinearán detrás de un escritorio. Esto es lo que ocurre con la modificación del estatuto docente que propone el oficialismo porteño. La incertidumbre que genera el proyecto de ley en la comunidad educativa es consecuencia de esas generalidades que quedarán en manos de las arbitrariedades del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al momento de reglamentarlo.

Aún así, hay críticas puntuales: hay sectores que sostienen que el nuevo esquema cargará aún más de tareas a las y los trabajadores de la educación, con figuras como la “capacitación continua”, el nuevo rol para el preceptor de secundaria y otras intermedias estipuladas. También advierten que busca desalentar la elección de cargos en los equipos de conducción escolar y así despejar la zona para poner «directivos a dedo», y que la reforma profundiza la precarización de decenas de miles de docentes que quedan excluidos de la titularización en sus cargos.

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Desde la cartera que dirige Soledad Acuña argumentan que «la idea es avanzar sobre la posibilidad de contar con roles o funciones que reconozcan la experiencia y el saber acumulado por los docentes que no desean desempeñar cargos de conducción y de supervisión”.

“Esto de incentivar para no ocupar los equipos de conducción, de intentar convencer para que muchos colegas no asuman esa responsabilidad, nos hace ruido, porque no sabemos quiénes pueden llegar a ocuparlos”, analiza en diálogo con Tiempo la secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), Karina Costaguta. Esta iniciativa va de la mano con otras modificaciones que realizó el Ministerio de Educación de CABA mediante distintas resoluciones. Antes, las y los docentes que querían ascender a cargos directivos realizaban un curso en la Escuela de Maestros para ocupar la secretaría, vice dirección, dirección o supervisión. “Hace un tiempo agregaron más tramos y dividieron los cursos. Ahora tenés que hacer un tramo para secretaría, otro para dirección y otro para supervisión. Al mismo tiempo que limitaron a la mitad la cantidad de docentes que pueden presentarse por año. En Inicial pusieron un tope de 50, cuando en realidad en promedio son más de 120 los que se necesitan para ocupar esos cargos”, acota.

La última titularización masiva que se hizo en la Ciudad data de 2010. Desde entonces, alrededor de 35 mil docentes siguen ocupando cargos interinos o suplentes. El proyecto de modificación del Estatuto incluye una titularización “excepcional” de cargos interinos de escuelas de Media, técnicas, artísticas y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). “A nosotros nos dejaron afuera, cuando más del 50% de nuestros docentes siguen precarizados”, revela a Tiempo Estela Fernández, rectora del Instituto Superior Juan B. Justo y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE). “Para acceder a cargos directivos en los Institutos Superior de Formación Docente, la condición es ser docente titular. Como la gran mayoría de nuestros colegas son interinos, no hay docentes para cubrir los cargos de rector o rectora, es cuando los Institutos se quedan sin conducción y al borde de que se caigan los proyectos educativos. Un vaciamiento encubierto arbitrado por el Ministerio”, agrega Fernández.

En la misma situación están los docentes socioeducativos. “Somos los que trabajamos con los sectores más postergados, y hace 11 años que no nos titularizan. Este proyecto vuelve a dejar afuera a más de 1500 docentes de nuestro sector que siguen siendo interinos sin poder ascender en cargos”, expone Ariel Sánchez, secretario socioeducativo de UTE. “La titularización no debe discutirse junto con una reforma estatutaria. El acceso a la estabilidad de los cargos es un derecho que debe abarcar a todas las áreas y modalidades docentes. Nosotros vamos a seguir exigiendo la titularización masiva, fotográfica y con efecto cascada, para todos los contratados e interinos, porque esto mantiene en una profunda precarización laboral a miles de compañeros y compañeras”.

Los antecedentes del macrismo y una idea fija

El 22 de mayo del año pasado, Larreta firmó el decreto Nº 179/21 que modificó la reglamentación del Estatuto. A partir de ahí, la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales tomó el control total de los listados, el puntaje, los concursos, los actos públicos y las designaciones de docentes. “Todo comenzó en 2011 con la eliminación de las juntas de clasificación. Cada modificación que el macrismo hizo a nuestro estatuto tiene como un objetivo principal designar equipos de conducción subordinados a su gobierno. El director termina siendo más parecido a un empleado de escuela privada, con poca autonomía e independencia institucional”, afirma el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro. “En 2021 bajaron todos los puntajes de cursos para poder ascender, y quitaron la presencialidad de los actos públicos, que siguen siendo online. Comenzó como excepcional por el confinamiento pero sigue vigente y le quita transparencia a los actos”, concluye Adaro.