“La Urbanización de la villa 31 es sólo una fachada”, afirman las y los vecinos de uno de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace años, el oficialismo porteño, intenta instalar la idea de una supuesta preocupación por las villas porteñas. Pero quienes padecen a diario amenazas, desalojos ilegales y violencia de punteros políticos e institucionales, por parte de la policía de la Ciudad, advierten que esa preocupación es apenas parte del maquillaje del gobierno local para intentar avanzar con la privatización de esas tierras. “Maquillaje” que no sólo se basa en la postergada urbanización de la villa sino, además, en conceptos que están también arraigados en lo semántico, como la definición de “Barrio 31”, dado que sus habitantes consideran que para ser un verdadero barrio necesitan que el ejecutivo porteño avance realmente con la urbanización y que no sea utilizado solamente como un “caballito de campaña electoral”.

La Secretaria de Integración Social y Urbana (SECISyU), a cargo de Diego Fernández, en los últimos días volvió a avanzar contra los habitantes de la Villa 31, al convocar a una sesión resolutiva sobre la urbanización, pese a la oposición de integrantes del Consejo de Gestión Participativa (CGP) ya que no se han realizado suficientes espacios de información y difusión en el barrio con los vecinos, dado que el gobierno porteño, pone como excusa a la pandemia para no llevar adelante esos encuentros.

Silvana Olivera, vecina y referente de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa de la Villa 31, en diálogo con Tiempo advirtió que “esta es una falsa urbanización porque el gobierno porteño quiere avanzar con la organización dominial de la Villa, cuando todavía no se sabe si estas tierras son de Nación o de Ciudad, dado que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene que definirse al respecto”. Cabe destacar que Macri, durante su presidencia, traspasó desde Nación a Ciudad, un listado de cientos de terrenos que el Gobierno porteño optó por venderlos a desarrolladores inmobiliarios, sobre todo aquellos localizados en zonas de alto valor de mercado.

La Villa 31 está en litigio, por lo que Larreta no puede resolver nada aún. “La Secretaría de Urbanización avanza mercantilizando los terrenos, facilitando la gentrificación, ya que no nos van a entregar ninguna escritura, simplemente un certificado digital que no tiene ninguna validez y no nos garantiza nada, pero sí le sirve al mercado inmobiliario para ingresar a la villa ya que este certificado puede venderse a esos mercados a muy bajo valor, porque el gobierno porteño no está facultado para escriturar estas tierras”, agrega Olivera.

Los vecinos y vecinas de la 31 no están de acuerdo con lo que el gobierno porteño quiere hacer, debido a que este avance es ilegal hasta que no se conozca el resultado del traspaso de las tierras que realizó Macri en 2019 a Horacio Rodríguez Larreta y por el cual el presidente Alberto Fernández firmó un decreto de revisión. “No se puede trabajar esto y menos durante un proceso de pandemia que no tenemos participación ninguno de los vecinos en el barrio ya que se nos restringe el acceso a los debates por la situación epidemiológica” termina Olivera.

Este jueves a las 12:30, la Mesa de Urbanización va a realizar una conferencia de prensa en la legislatura porteña, donde van a denunciar el avance de Larreta sobre las tierras de la Villa 31.

Por qué se oponen los vecinos

El GCBA no es propietario de las tierras del barrio y Larreta desconoce el recurso que interpuso el Gobierno Nacional respecto al traspaso. Eso cancela algún tipo de formalización porque no hay certeza sobre la titularidad de tierras, y es por eso que la ciudad hoy, jurídicamente, no puede transferir algo que no le pertenece.

Por la misma razón, el CEDIF -que busca ser un título intermedio de propiedad- habilita la venta sin las restricciones planteadas en las escrituras (retroventa, plazo de 5 años antes de vender, preferencia del gobierno para comprar si alguien quiere vender, etc.) esto abre la puerta para que las inmobiliarias puedan comprar tierras en el barrio e iniciar el proceso de expulsión de los habitantes.

También hay indefiniciones sobre inquilinatos y titulación de las Unidades Funcionales (UF), nombre que el gobierno porteño les da a las viviendas de la Villa 31. El protocolo contempla la posibilidad de que un propietario titule más de una vivienda, contrario a lo que establece la Ley 6.129 pensada para vivienda social y única, pero a la vez, dejando abierta la posibilidad para que a futuro el gobierno cobre el precio de mercado sobre las unidades que no sean vivienda única.

A pesar de toda la maquinaria propagandística que desplegó el macrismo en la Villa 31; de las amenazas y diferentes violencias (física, psicológica e institucional) que arremeten los punteros políticos del larretismo y la Policía de la Ciudad en el barrio; el gobierno porteño no pudo “persuadir” a los habitantes de Retiro. En las últimas elecciones del 2019, aunque el jefe de Gobierno de la Ciudad se impuso en la Comuna 1, en el circuito 5 correspondiente a la Villa 31, los vecinos le dieron la espalda a Larreta de manera contundente y perdió por más de 30 puntos contra Matías Lammens, el candidato del Frente de Todos. El actual jefe de gobierno porteño sacó apenas el 32% contra el 63% que supo conseguir el FdT.

A partir de este hecho, afirman que las represalias contra las y los vecinos de la Villa se profundizaron estos dos últimos años.