Este lunes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la decisión del juez Roberto Gallardo de suspender a las aplicaciones de delivery de comidas Rappi, Glovo y Pedidos Ya hasta que regularicen la situación de sus trabajadores.

Las empresas también anunciaron que apelarán y además recusaron a Gallardo.

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Tras suspender el viernes a las empresas, este lunes el juzgado dictó la sentencia definitiva en la que ordenó a los ministros Diego Santilli, de Justicia y Seguridad; Franco Moccia, de Desarrollo Urbano y Transporte; y de Gobierno, Bruno Screnci, que se ocupen de los controles preventivos desde sus distintas áreas a cargo bajo advertencia de castigo.  

La decisión judicial se  produjo a instancias de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios  (ASSIM). El gremio protesta contra la política laboral de esas compañías desde su propio establecimiento en el medio local, incluso en abril pasado el mismo juez ordenó a las autoridades políticas de la Ciudad que prohíba a las aplicaciones de delivery hasta que cumplan a la ley vigente en materia de seguridad laboral.

Pero la tensión tuvo un pico el pasado 29 de julio tras un accidente de un repartidor de Glovo. El trabajador informó a la empresa que había sido embestido por un vehículo y la firma sólo se interesó por el estado de la pizza que transportaba. El caso disparó la indignación de miles y abrió un debate en el que la fuerza gobernante se metió de lleno.   

“El alega que hubo un accidente” expresó este lunes en alusión al magistrado el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien agregó que los abogados de la Ciudad se preparaban para apelar la decisión.

El intendente capitalino aprovechó una entrevista con Radio Mitre para lanzar duras críticas a Gallardo, a quien acusó de fallar políticamente contra empresas “legalmente constituidas”.

En defensa de las suspendidas, afirmó: “Este es un sistema nuevo, hay que trabajar todos y hay que acomodarse. Primero de todo son empresas que están legalmente constituidas y que pagan sus impuestos. Con la tecnología aparece una modalidad de servicio que elige mucha gente pero que además está dando muchos puestos de trabajo”, argumentó.

Rodríguez Larreta planteó que “una cosa es ver cómo se regula  y otra cosa es prohibirlo” y puso en duda el hecho que disparó la polémica cuando aseveró  que “él (por Gallardo) alega que hubo un accidente”.

El caso del trabajador accidentado, un hombre de 63 años que repartía pizza en bicicleta, recorrió masivamente los medios de comunicación desde el miércoles de la semana pasada y se instaló como tema de debate en el marco de la campaña electoral en la que uno de los temas calientes es una posible reforma laboral.

El jefe de Gobierno remató con que “por supuesto que hay que cuidar bien el tema de la seguridad, de que se respeten las normas. Perfecto, entiendo, tenemos que trabajar y justo (en el gobierno porteño) había una mesa trabajando en la regulación de estos servicios. Ahora bien, suspenderlo y dejar un tendal de gente con la necesidad de trabajo que hay no va”.

“Por eso nuestros abogados están presentando una apelación que dice que estamos para seguir trabajando en ver cómo se regula y como se cuida la seguridad de la gente pero respetando los puestos de trabajo  y un servicio que mucha gente usa porque es valioso”, concluyó el mandatario local.  

Por el lado de las empresas, Rappi, Glovo y Pedidos Ya emitieron  un  comunicado conjunto en el que informaron su decisión de apelar. También consignaron que recusarán a Gallardo.

A pesar de la medida este fin de semana los mensajeros circularon por las calles de Buenos Aires. La medida judicial preveía multas para las empresas que operasen aun después de lo resuelto. Incluso instruye a la Policía de la Ciudad para que decomise la mercadería que se secuestre a las empresas “que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales”.