Enrique Pescarmona formó parte de las disertaciones realizadas en la Asociación Empresaria Argentina para analizar las posibles inversiones en el sector energético local.

Si bien destacó que “el gobierno va bien” y que “la inflación va para abajo”, a la hora de hacer su evaluación, el empresario mendocino Pescarmona cuestionó la política de gasto público señalando que «el asistencialismo no sirve, es retrógrado, las chicas de 14 años se preñan y tienen un bebé para que les den unos mangos». Periodistas allí presentes destacaron que, a partir de esas declaraciones, se comenzaron a escuchar murmullos de desagrado en el auditorio repleto de empresarios. Sin embargo, Pescarmona, redobló sus polémicas declaraciones y la emprendió contra los trabajadores al señalar que recién “trabajan como si fueran normales” luego de un año de capacitación.

Lo curioso es que semejantes declaraciones se producen a pocos días de que Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), según informara el 14 de noviembre la agencia internacional Bloomberg, se haya beneficiado precisamente con la asistencia del gobierno que, a través de la intervención directa del presidente, habría instado al directorio del Banco Nación  para que acepte los términos de la reestructuración de su deuda de 1100 millones de dólares entre cuyos acreedores se encuentra la entidad.

Con la decisión del Nación Pescarmona logró reunir el 52% de acreedores que aceptaron la reestructuración y junto con otros bancos públicos y el BID se podría alcanzar el 66% de los tenedores de bonos necesario para que la decisión extienda al conjunto de los acreedores en forma compulsiva. Con ese antecedente, la jueza Gloria Cortez, a cargo del concurso de crisis decidió suspender todo pedido de quiebra por lo menos hasta el mes de marzo de 2017.

La compañía produce turbinas hidroeléctricas y su plan de reestructuración de deuda busca empalmar con una nueva y pronta licitación de insumos para la represa Yacyretá y otras dos licitaciones posteriores que se están preparando por un monto superior a los 1500 millones de dólares.  

Sus vínculos estrechos con el poder político no son nuevos. La compañía, fundada en 1907, en las décadas del ’80 y ’90 se consolidó como una multinacional. Durante la gestión del gobierno anterior había obtenido contratos y licitaciones con los gobiernos de Venezuela y Brasil. Paradójicamente, el incumplimiento de los pagos de esos contratos fueron los que la pusieron al borde de la quiebra y dieron pie al plan de reestructuración de deudas que tuvo como preámbulo decenas de despidos y el posterior otorgamiento de Repro a la compañía. 

El gobierno provincial mendocino de Cornejo también ha intervenido para aportar al salvataje de la empresa primero ofreciendo comprar el porcentaje que Impsa tiene en el dique de Potrerillos y luego ofreciéndole ya en campaña electoral parte de la obra del dique «Los Blancos».