Dirigentes de organizaciones pymes se reunieron el viernes con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, días después de que el gobierno anunciara la flexibilización de los protocolos de aislamiento para asalariados con esquema de vacunación completo y sin síntomas tras un contacto estrecho con un enfermo de Covid.
La decisión de eximirlos del aislamiento preventivo y, por lo tanto, de la licencia laboral correspondiente, se adoptó por pedido de empresas y gobiernos provinciales ante el creciente ausentismo de empleados y personal de salud.
En paralelo, el gobierno dejó caer el decreto que reconocía al Covid como enfermedad profesional no listada de contagio presuntamente laboral y, por lo tanto, sujeta a la cobertura del sistema de ART. De esa forma, el costo de las licencias por contagios pasó a recaer enteramente sobre las patronales.
Por eso, los representantes de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamaron a Merediz, entre otros puntos, la reposición de esa cobertura a la vez que redoblaron la apuesta al plantear la disposición de un pase sanitario laboral. La propuesta de imponer la vacunación obligatoria para empleados ya había sido puesta sobre la mesa por los CEO de diversas multinacionales en una reunión con los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y Economía, Martín Guzmán, de la que participaron dirigentes de la CGT.
La intención de avanzar en ese camino, al igual que los nuevos protocolos, fue rechazada por los abogados laboralistas, que sostienen que, mientras la vacunación no sea obligatoria para toda la población, resultaría discriminatorio y por lo tanto inconstitucional disponerla para los trabajadores. Además, dicen que «según el artículo 14, el derecho a trabajar no admite condicionamientos. Las prohibiciones deben ser legales y siempre están dirigidas a los empleadores. No pueden causar perjuicio a los trabajadores».
A diferencia de lo manifestado por la Asociación de Abogados Laboralistas (AALL) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, respaldó los nuevos protocolos. En diálogo con Tiempo, señaló que «la situación epidemiológica actual es diferente a la que existía cuando no estaban disponibles las vacunas. Había un índice de letalidad de 2,6 y hoy es de 0,4. Las nuevas normativas están encuadradas en lo que está planteando la OMS. Hay que poner la energía para que se avance con el plan de vacunación y para eso se necesitan trabajadores».
El presidente de IPA, Daniel Rosato, saludó los nuevos protocolos de aislamiento para contactos estrechos y explicó a Tiempo que «uno de los temas clave es la implementación de test rápidos en los establecimientos a cargo de las ART. Pedimos que vuelvan a cubrir los días de enfermedad. Cobran una alícuota del 15% del salario, la más alta del mundo, y en este momento no nos dan ninguna prestación».
Sobre el pase sanitario laboral, señaló: «Pedimos un carnet sanitario. Hay gente que no se quiere vacunar y tiene su derecho. Trabajarán desde la casa o, si no pueden, tendrán que vacunarse o buscar otro trabajo. Tiene que haber penalidades porque ponen en riesgo al resto. Aceptaríamos pagar la eventual indemnización, no pasa por ahí el problema. Queremos consensuar con los sindicatos que también quieren que los trabajadores se vacunen».
Lilian Capone señaló: «Acuerdo con el pase sanitario laboral, pero planteado así suena discriminatorio. Debe ser parte de una campaña de difusión, de vacunación y testeo por parte de los empresarios con comités mixtos. No puede ser una herramienta ni de renuncia, ni de retiro voluntario, ni de despido porque la vacuna no es obligatoria. No se les puede hacer el caldo gordo a los empresarios que lo piensan utilizar como una forma de selección de personal».
El secretario general de FeSProSa, Jorge Yabkowsky, señaló: «No estamos en contra de que en eventos masivos se exija la vacunación, pero vincularlo a los derechos laborales es peligroso. No hay evidencia de que el no vacunado en particular sea vector de contagio. Solo aumenta su riesgo de contraer enfermedad grave. Quitarle un derecho laboral como es el sueldo, es al menos cuestionable».
La propuesta ya resulta polémica y dará lugar a un debate en varios frentes.
