Francisco atiende a Tiempo desde Cañaveral, en Santa Victoria Este, habla cordial y pausado, con la misma seguridad con la que se dirigió a los jueces el 14 de marzo pasado, buscando las palabras justas en español, que no es su primera lengua, para contar el largo recorrido que llevó a que todas las comunidades se unieran en el reclamo de su territorio ancestral. A sus 71 años, relata: «Este camino no ha sido fácil. Desde el año 1966 comenzamos a reunirnos, y recién en el ’84 conseguimos la unión. En 1994 creamos Lhaka Honhat. Al principio no teníamos asesoramiento técnico ni jurídico. Empezamos a buscar las herramientas, y encontramos a antropólogos extranjeros, que andan dando vueltas y vienen a hacer sus tesis, y que nos ayudaron en la realización de estudios técnicos para hacer mapas del territorio, de los recursos, los ríos. Después vimos que el gobierno no tenía interés ni voluntad de entregarnos la tierra».
Gabriela Kletzel, abogada del Cels, calificó la audiencia ante la Corte IDH como «una jornada histórica», ya que no sólo se trata del primer caso de disputa territorial en la Argentina que llega a esta instancia, sino también por la dimensión del territorio reclamado: un total de 643 mil hectáreas a dividir entre las comunidades originarias y las familias criollas. Ambos factores vuelven emblemático a este caso.
En 2007, las comunidades, representadas por Lhaka Honhat, llegaron a un acuerdo con la Organización de Familias Criollas (OFC), refrendado por el decreto provincial 2786, por el que se dividieron los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. En 2014, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey emitió el decreto 1498, que transfiere la propiedad a indígenas y criollos. El reparto otorga 400 mil hectáreas a las comunidades y 243 mil a los criollos. Desde luego, esta división es retórica si no se realiza la demarcación del territorio y el traslado de las familias criollas y su ganado al territorio asignado, es decir, aparte del de las comunidades.
El cacique wichí, fogueado en años de asambleas y mesas de diálogo con el Estado, sabe de lo que habla: «El título único e indiviso es a nombre de las comunidades, no de Lhaka Honhat. Nosotros, como comunidades indígenas, desconocemos la propiedad privada, por eso buscamos el título único comunitario, porque nos corresponde como derecho. Lhaka Honhat significa, en mi idioma, ‘nuestra tierra’, ni mía ni de él, nuestra. Nuestra quiere decir de los chorote, chulupi, wichí, toba y tapiete, de los que vivimos desde hace mucho tiempo en el territorio».
Las comunidades en Salta viven en la incertidumbre jurídica, y los daños causados por la decisión del Estado de no hacerse cargo de su obligación producen desgaste y mantienen el menoscabo de derechos consagrados en la Constitución. La Ley 26.160 de 2006 establece la emergencia en la posesión de tierras indígenas en todo el país, y la obligación de demarcarlas. Sin embargo, la norma, resistida por los gobiernos provinciales, se prorroga cada cuatro años. No falta, sin duda, la discriminación, pero la problemática es política y económica: los territorios son codiciados por compañías mineras y petroleras y empresas turísticas, y especialmente, sufren el avance de la frontera agrícola.
En 1998, luego de muchas idas y vueltas, Lhaka Honhat recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El resultado de esa mediación se plasmó en el acuerdo de 2007. Pero ante la falta de acciones por parte del gobierno salteño, en 2012 la Comisión dictó un «informe de fondo» que determinó que el Estado estaba vulnerando, entre otros, el derecho a la propiedad comunitaria, y comenzó un proceso para que cumpliera con su obligación. Luego de 22 prórrogas, a fines de 2017 el Estado planteó que necesitaba ocho años más por la complejidad del caso. «Las evidencias muestran que eso es falso –dice la doctora Kletzel–. En la zona norte del litigio, el Estado pospuso la demarcación cuatro años, y cuando finalmente la hizo, trazaron la línea en tres días. Eso muestra lo absurdo del planteo». Algo similar habrán pensado los miembros de la Comisión, ya que luego de ese pedido decidieron elevar el caso a la Corte IDH, cuya decisión es vinculante, es decir, que el Estado salteño estará obligado a cumplirla.
Francisco Pérez menciona como graves problemas la presencia del ganado que circula libremente por su territorio y consume su alimento. «Comen más que nosotros», grafica, pero no se olvida de hablar de la tala descontrolada, que no es fiscalizada por el Estado, de los alambrados que atentan contra la integridad del territorio único y les impide desplazarse libremente, ni de la construcción de obras de gran envergadura, como una ruta y un puente internacional, sin la obligatoria consulta previa a las comunidades, y que ocasionan inundaciones recurrentes que los obligan a abandonar sus hogares.
La estrategia del Estado ante la Corte IDH, a cargo de la fiscal Pamela Calletti, fue menoscabar la representatividad de Lhaka Honhat. Llevó adelante un cuestionario beligerante para finalmente alegar «la inexistencia de responsabilidad del Estado y de vulneraciones de derechos». El cacique explica a Tiempo que eso no es cierto: «El gobierno buscó defenderse, pero esa señora no conoce, nunca participó en las reuniones. No sabemos por qué no mandaron a la unidad ejecutora, a los técnicos. Dijo cualquier cosa», asegura, terminante.
«La organización civil es una forma extraña a nuestras costumbres –agrega el dirigente aborigen–, pero nos sirve de herramienta para dialogar con el Estado e incluye a todas las comunidades. Entonces, mejor que viene la Corte a ver que sí estamos unidos».
Otro punto interesante es la buena relación con las familias criollas. El cacique wichí asegura que «ellos también tienen derecho, pero el Estado debe cumplir y trasladarlos a su parte de tierra. Ahora, nuestro territorio está sobrepoblado, pero no por ellos, sino por los animales, que son depredadores, destruyen la naturaleza, comen los recursos naturales, que son nuestro alimento. Los criollos entienden. Nada más que como son puesteros, necesitan el título individual», explica.
En mayo, los jueces de la Corte Interamericana tendrán la oportunidad de conocer de primera mano qué piensan las comunidades. «Tenemos esperanza en la Corte. Si está a favor, ya queda –dice el dirigente wichí–, y los problemas internos los resolvemos nosotros. No queremos separarnos del Estado, nuestra intención es seguir trabajando con ellos para mejorar a las comunidades».
Para Kletzel, «tenemos un planteo muy sólido, sostenido en la lucha de décadas de un grupo muy grande de comunidades. Entendemos que hay muchas chances de que la Corte saque una sentencia histórica, que incluso fijaría estándares para lograr el acceso a la propiedad comunitaria indígena en todo el país». «
El boicot salteño a los derechos comunitarios
Durante años, el Estado salteño, tanto bajo el mandato de Juan Carlos Romero como el de Juan Manuel Urtubey, llevó adelante acciones que demuestran no sólo su poco interés en concretar el proceso de titulación, sino más bien el de boicotearlo. Se podría decir que la política provincial se basó en el lema «divide y reinarás»: ha preferido entregar títulos aislados, por parcelas, en lugar de uno único a nombre de todas las comunidades. Se intentó sembrar la discordia afirmando que Lhaka Honhat pretendía que el título estuviera a su nombre, cuando en realidad, como está plasmado en todos los documentos oficiales, el título único estaría a nombre de las comunidades y no de la asociación civil. Así está planteado en la Corte IDH. Sin embargo, las mentiras continúan. Hasta circuló en medios locales que el objetivo final es vender las tierras «a los ingleses». En 2005, el exgobernador Romero llegó a realizar un referéndum sobre los pobladores indígenas y no indígenas para ver si correspondía reconocer la propiedad ancestral o no. Una acción que afrenta todas las leyes vigentes a nivel nacional e internacional. «Al gobierno le conviene dividir, eso es lo que busca», refrenda el cacique Francisco Pérez.
