Marcela Mendoza esperó durante cuatro años y dos meses que la justicia reconociera que no era la culpable que había condenado a prisión perpetua por un homicidio sino una víctima en un contexto de violencia de género: la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar hoy al pedido de excarcelación presentado por la defensa y la mujer recuperó la libertad. “Siempre pedí que aplicaran la ley –le dice a Tiempo desde la cárcel mientras aguarda que la medida se haga efectiva–, que no me regalaran nada. Yo iba con mi verdad y por fin llegó el día en que me escucharon”.

“En marzo de este año se habían presentado dos hábeas corpus. El primero, fundado en su condición de celiaca, es indudable el déficit de atención que en general presenta el Servicio Penitenciario Bonaerense: condiciones de hacinamiento, una mala calidad de vida, sin recursos, y eso en el caso de una persona enferma se agrava. El segundo es porque ya habían transcurrido más de dos años de la prisión preventiva y eso por ley no puede ser así, salvo en casos complejos. El de Marcela es un expediente pequeño, de resolución sencilla. Se trata de una persona que no tiene antecedentes y que había denunciado dos veces por violencia de género a la persona que intentó prenderla fuego. En ese contexto era arbitrario que esté privada de la libertad”, explica Adrián Rodríguez, defensor de Marcela.

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El 9 de agosto de 2015, Marcela se encontró en Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, con su ex pareja, Eduardo Gómez, sobre quien pesaba una restricción perimetral luego de las denuncias de la mujer.

Luego de obligarla a subir a su auto, Gómez comenzó a insultar y golpear a Marcela. Mientras ella intentaba alguna defensa, él la roció con un líquido inflamable, lo que provocó el incendio del auto.

Gómez murió tres días después en el Hospital San Martín de La Plata por las quemaduras sufridas, mientras que Marcela fue detenida y luego, en el juicio, sentenciada a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo. A fines de abril pasado, la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense declaró la nulidad del fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio. El veredicto consideró que no existieron pruebas suficientes para condenarla y que no se tuvo en cuenta el contexto de violencia de género que sufría la mujer. Marcela, sin embargo, continuó alojada en una celda de la Unidad 33 de Los Hornos. Hasta hoy.

“El Estado había fallado en las denuncias de violencia que Marcela había hecho y que no consideraron, en la condena a perpetua sin pruebas, con estereotipos de género dañino, y en la decisión de Casación que no se expidió sobre la libertad, aun cuando había declaro nulo el juicio. La mala praxis estatal fue muy evidente. Esos más de cuatro años que ella estuvo detenida siendo inocente son irrecuperables”, se queja Rodríguez.

Si bien Marcela reconoce que no hay dinero que pueda compensar todo el tiempo en que no pudo estar con sus cinco hijos, avisa que va exigir una remuneración “por la destrucción de una familia y por lo que viví en un lugar en el que jamás tendría que haber estado, culpa de un juicio que fue totalmente corrupto, patriarcal y machista”. También que va a trabajar para que otras mujeres no sufran lo mismo que padeció ella.