Es un reclamo internacional, pero también el cumplimiento del derecho universal a la salud y la vida. En Argentina, ya son más de 40 las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la campaña para la liberación de patentes como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Frente Popular Darío Santillán y el movimiento Ni Una Menos, entre otros.

A través de un comunicado y con hashtags en redes sociales, el CELS consideró que “es urgente una respuesta global que reconozca a las vacunas como un bien común de la humanidad. La suspensión temporal de patentes es un paso obligatorio para producir masivamente los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en el mundo y garantizar el derecho a la salud y a la vida en todos los países”.

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“Los remedios –continuó el texto–, insumos y vacunas para la prevención y tratamiento del Covid-19 existen y son inaccesibles para la gran mayoría de la población. La codicia de un pequeño grupo de países y el lobby empresarial impiden que se democratice la producción de los medicamentos y de las vacunas. Esa concentración buscada y sostenida y la opacidad incluso respecto de los costos de producción y criterios de determinación de precios prolongan la pandemia y ahondan la crisis social y económica en América Latina y en el mundo”.

El jueves 22 de abril, representantes de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunieron para discutir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de productos para la prevención y el tratamiento del Covid-19. Más de 100 países miembros de la OMC y centenares de organizaciones de la sociedad civil acompañaron la iniciativa de India y Sudáfrica, y pidieron la suspensión de algunas normas sobre propiedad intelectual para las vacunas, medicamentos y tecnologías médicas para poder enfrentar la pandemia.

En ese sentido, el CELS destacó que “a pesar de las reiteradas recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y de la misma OMS, un puñado de países ricos y de empresas sigue bloqueando la desconcentración de la producción: Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido, Japón, miembros de Unión Europea repiten los argumentos de la industria farmacéutica: alegan que las leyes del mercado son suficientes para ordenar la distribución de las vacunas”.

Según datos oficiales, casi la mitad de más de 200 millones de vacunas ya administradas en el mundo se aplicaron en los siete países más ricos, donde vive el 10% de la población del planeta. La  iniciativa COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) ha tenido casi nulo impacto. En paralelo, los índices de pobreza extrema son los mayores de los últimos 20 años

“La única manera de empezar a revertir este escenario es la inmunización masiva de la población. Sin embargo, más allá del nivel de éxito de las gestiones de los gobiernos, las vacunas no llegan con la velocidad necesaria”, expresó el CELS y agregó que “la lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir”.