Las movilizaciones para reclamar por Higui se multiplican por todo el país. Su nombre es Analía de Jesús, tiene 42 años y está presa por ejercer su legítima defensa ante diez hombres que abusaron de ella. Son decenas las organizaciones sociales del movimiento de mujeres y de Derechos Humanos las que piden que la justicia de San Martín ordene su inmediata liberación. Pero además hubo acciones en el mismo sentido en Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Tierra del Fuego y Río Negro.

Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) también pidieron justicia por Higui. Sostienen que está detenida por ser “lesbiana, pobre y laburante”.

A Higui la violaron y le pegaron entre diez hombres el 16 de octubre de 2016, en Bella Vista. Cuando se defendía del feroz ataque, le dio un puntazo en el tórax a uno de los agresores, quien murió desangrado en el lugar. Fue detenida y permanece presa en un destacamento de mujeres del partido de San Martín.

“Soy una abogada no funcional a la justicia, pero sí a las causas con las que trabajo. Hay que proteger a la detenida porque es una rehén del sistema judicial y penitenciario”, dice a Tiempo María Raquel Hermida Leyenda, especialista en casos de violencia de género.

“Higui desde la cárcel siempre pide que la mujeres estemos unidas, las que integran la comunidad homosexual y todas y todos los que luchan por su libertad. También que sigamos haciendo festivales culturales y que se expanda su caso por todo el país, como está sucediendo. Hay que visualizar que ella es inocente. Se defendió de un abuso sexual con acceso carnal, sufrió lo tipificado en el artículo 119 de Código Penal. Como abogada, pretendo dejar en la jurisprudencia un caso de violación correctiva, donde el hombre no sólo ejerce la violencia física, sino también se adjudica la facultad de poder cambiar nuestra identidad sexual”, agrega Hermida Leyenda.
Higui ya había recibido amenazas de parte de sus agresores, inclusive le prendieron fuego su casa antes de violarla. Sin embargo, la justicia no considera que actuó en legítima defensa, a pesar de haber sido violada y golpeada.

Aquel 16 de octubre por la noche, Higui volvía de visitar familiares en el barrio Lomas de Mariló, en Bella Vista, donde había celebrado el Día de la Madre. Cuando salía rumbo a su domicilio, fue atacada en un pasillo del barrio por dos hombres a los que conocía. Ellos estaban en grupo, junto a otros ocho.

Comenzaron a decirle que era “una tortillera, una puta” y que la iban a hacer sentir mujer. “Te vamos a empalar, lesbiana”, le gritaron. La rodearon y le pegaron trompadas en la cara y en el cuerpo. La tiraron al piso y uno de ellos se le tiró encima, le bajó los pantalones y le rompió el bóxer que Higui llevaba puesto. Fue en ese momento que la mujer sacó un cuchillo y le dio un puntazo contundente en el tórax, que acabó con su vida.
Higui quedó en el piso, desmayada, producto de los golpes. Volvió a tomar conciencia cuando los policías, alertados por los vecinos, le alumbraron la cara con una linterna. Fue trasladada a la comisaría 2ª de San Miguel, adonde recibió más agravios verbales de parte de los funcionarios.
“Fuimos al Congreso Nacional y contamos esta historia para que la sociedad sepa quién es Higui” explica Carolina Abregú, de la organización Furia Feminista. Y concluye: “Se muestran reacios a darle la libertad pero sabemos que si nos movilizamos, nada es imposible. Queremos dejar en claro que hoy es por Higui, mañana puede ser por cualquiera de nosotras. Esta justicia que nos detiene y nos acusa, es la misma que nos abandona cuando denunciamos y tenemos miedo. Si no tenemos justicia, habrá escrache”.

La jornada de reclamos por la libertad de Higui se repitió en varias provincias. “En Salta, todos los 17 de mayo hacemos una jornada por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en los ‘90. Nos juntamos en la Plaza 9 de Julio y vamos sumando carteles y banderas. En esta oportunidad reclamamos la libertad de Higui. Ella es víctima del machismo del Poder Judicial, porque no cumple con el modelo clásico de esta sociedad sexista”, dijo Karime Kandalaft, activista feminista salteña.

“Tucumán siempre ha sido una provincia conservadora con mucha injerencia de la Iglesia Católica en la vida política, sobre todo en el plano educativo. La criminalización de Higui es un hecho de violencia de género e institucional”, dice Mariana Rodríguez Fuentes, de la organización Las Cruzadas, desde Tucumán.

Este miércoles, el Movimiento Evita de San Martín realizó un escrache en el Departamento Judicial de ese partido bonaerense, antes de dirigirse al Congreso. La causa está en manos de la fiscalía Nº25 del partido de Malvinas Argentinas.