Soplan otros vientos en América del Sur desde hace un par de años y poco va quedando de lo que se llamaba Patria Grande. Esta nueva sincronía entre gobiernos de derecha encuentra su epicentro en la alianza Brasil-Argentina. Y en ambos países, con distintos matices, se llevan a cabo procesos de liberalización de la economía, recortes presupuestarios en educación y en ciencia, y profundas reformas laborales. Pero hay otro aspecto en el que ambas administraciones ponen el foco y al que nadie presta demasiada atención, ni la población ni los medios: la privatización de la salud. Así lo apunta en una entrevista con Tiempo la especialista brasileña Ligia Bahía, doctora en Salud Pública y docente-investigadora, coordinadora del Laboratorio de Políticas de Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en 2017 sufrió un severo ajuste, dejándola al borde de la inacción.

De paso por la Argentina, donde fue invitada por la Universidad Nacional de Lanús para ser expositora de la jornada-debate titulada «Reforma de salud y reforma laboral en Argentina y Brasil: apuntes para la construcción colectiva», Ligia sostiene: «Actualmente ambos países están poniendo en marcha una política de privatización del sistema público de salud. El mayor ejemplo en la Argentina es la CUS (Cobertura Universal de Salud)».

–¿Qué similitudes observa en ambos procesos respecto del área Salud?

–Es un contexto político muy importante porque, si bien los gobiernos son diferentes (Mauricio Macri fue elegido democráticamente y nosotros tenemos un gobierno golpista), tienen aspectos similares en la política de salud, por eso consideramos necesario hacer un debate en conjunto. Hay un aspecto principal, que es el enfoque neoliberal economicista de la política social, privilegiando lo económico por sobre los aspectos de la salud. Eso es el telón de fondo. Y por sobre todo está la puesta en marcha de una privatización en el área, acompañada de un recorte del gasto público. Esto se vio muy claramente en Brasil, con el achicamiento y vaciamiento de hospitales públicos, y también en universidades. No sólo en lo educativo sino también en todos los hospitales universitarios. Y no fue algo aislado. Temer aprobó recortes del 20% en Salud, Educación, Cultura y Ciencia por 20 años. La Ciencia y la Tecnología dejaron de ser ministerio, algo que también quieren hacer en la Argentina. Al tiempo que se amplía la diferencia entre ricos y pobres.

–¿Cómo ve las políticas de salud pública de la gestión Macri?

–Al igual que en Brasil, la salud no es una prioridad. A pesar de que es un problema muy importante, porque afecta cotidianamente a la mayoría de las personas. Pero no hay una gran conciencia de la importancia del derecho a la salud. No es un tema que genere protestas. El mayor ejemplo aquí fue el anuncio de la CUS. Claramente, es una reforma privatizadora. Establece un paquete mínimo de medicamentos y de enfermedades a ser atendidas de forma gratuita, y el resto deberá pagarse en los hospitales. En Brasil ya funciona hace tiempo un sistema de ese tipo, con seguros y planes privados, sin la presencia de obras sociales de los sindicatos. Por otro lado, hay que estar atentos en la Argentina a la presencia de grandes actores como laboratorios, grupos privados de centros de salud, empresas de medicina prepaga, droguerías que incluso han aportado a las campañas, y hasta fondos de inversión, todos tienen cada vez más participación en las políticas de salud, donde se mueven millones. El vicejefe de gabinete Mario Quintana, por caso, viene de Farmacity, que algo va a recibir a cambio. Es muy preocupante lo que sucede en la Argentina, y alarma que no haya mucha gente protestando por ello.

–¿Cómo se puede cambiar esa mirada?

–Sólo si el tema toca a la clase media quizás se genere una mayor reacción ciudadana, pero eso todavía no sucede. También porque cada vez es mayor la franja de la población que se inclina por el sector privado de salud, que tiene mucho poder en los medios. Siempre se critica al sistema público, cada vez es menos elegido y, sin embargo, el privado tiene numerosas fallas y persigue puramente la rentabilidad. Sin embargo, financia a los políticos y sus campañas, y pautan en medios que después los alaban, mientras, al igual que sucede en la educación, bastardean al sistema público. «

*Doctora en Salud Pública de la Universidad de Río de Janeiro