El debate reflotó en las últimas semanas, pero acarrea un asunto de cinco siglos. Se da en el marco de un creciente reclamo de comunidades originarias en Argentina por la declaración de sitios sagrados sobre puntos emblemáticos de sus territorios y por la restitución de los restos de sus ancestros que quedaron en manos de la ciencia. En este contexto, uno de los focos está sobre los Niños de Llullaillaco, los niños incas sacrificados y momificados, hallados en un volcán salteño hace poco más de dos décadas.

El Volcán Llullaillaco, en el departamento de Los Andes, fue declarado como Sitio Sagrado hace menos de un mes, por reclamo de las comunidades e impulso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El paso siguiente en ese camino es la restitución de esos restos a los pueblos originarios. Pero no se trata de un camino sencillo.

En las últimas horas, el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, negó que esa restitución sea posible. “Salta tiene la custodia por manda constitucional y por leyes específicas estamos obligados a conservar estos tres niños y a todo el ajuar que los acompañaba”, dijo al portal local Aries Online. Y agregó: “Esos cuerpos no fueron extraídos por la Provincia. Salta nunca participó de ese tipo de actividades. Lo que hicimos es lo que nos mandan las leyes particulares, que es ocuparnos de la conservación, investigación y difusión, que es lo que hacemos en el Museo de Arqueología de Alta Montaña”.

Sus declaraciones se conocieron luego de que la antropóloga y ex directora del Museo de Antropología de Salta, Blanca Lescano, recordara que hubo “irregularidades” en el proceso de retiro de los cuerpos de la montaña. Según contó a Página 12, la autorización para esa expedición se dio en un marco de desorganización administrativa y –entre otras cosas- se argumentó que fue un rescate de urgencia. Pero, según la especialista, ese tipo de rescates se dan cuando los restos arqueológicos encontrados “están en riesgo de desaparecer por un hecho inaudito”, lo cual no ocurría cuando se hizo aquella expedición.

Ahora, tras la declaración de Ashur Mas, la prensa local lo planteó como el “fin de un debate”, pero el asunto está lejos de cerrarse. “En 1534 Bartolomé de las Casas decía que el derecho amparaba a las comunidades para la restitución del tesoro de las tumbas a sus descendientes, después que les sacaran todo en las ‘campañas de extirpación de ídolos’. Es una campaña que no terminó y la continuaron después del genocidio los naturalistas viajeros. Después llegó la ciencia hecha en Europa. Esas campañas de destrucción de creencias indígenas nunca terminaron, eso es lo que estamos combatiendo”, dijo el antropólogo Fernando Pepe, al frente del área de restitución de restos y declaración de sitios sagrados del INAI. “Apareció en el mismo momento de la conquista el reclamo por los ancestros. No se puede clausurar un debate”, opinó en diálogo con Tiempo.

“Haber llegado al pedido de restitución de los Niños de Llullaillaco cierra un capítulo de 16 años de lucha. Porque esto lleva años de trabajo. Cierra un ciclo y abre otro que esperemos que no sea de 16 años”, planteó y anunció que se apuntará a la conformación de una mesa de diálogo entre la comunidad, el Gobierno y el INAI.

Para las comunidades originarias en Salta, el debate no se agota en torno a los célebres niños momificados. Por caso, en 2016 la referenta Octorina Zamora logró hacer llegar a la Universidad Nacional de La Plata el pedido para que restituyera los restos de tres hombres del Pueblo Wichí. La medida fue aprobada en 2020. Octorina, luchadora wichí comprometida por los derechos de los suyos, planeaba realizar una ceremonia para depositar esos restos en el territorio. Falleció el mes pasado, sin poder concretarlo.

Cuando alzó la voz por esos antepasados, Octorina dijo a Télam en 2016: “Ellos tienen que volver a su tierra, ellos eran y son gente que debe cumplir su ciclo de vida, nacer, crecer, morir y descansar en su territorio, si no el alma no descansa. Ellos, espiritualmente, están sufriendo”.