Luján vive momentos de tensión con una comunidad movilizada contra una central termoeléctrica que se instaló de manera ilegal en los tiempos de Macri presidente y que actualmente busca pasar a ser legal a través de una ordenanza. Una historia de poder, intereses y lobby donde aparecen denuncias penales a manifestantes e incluso una participación del fondo buitre BlackRock.

El decreto de Emergencia Energética firmado por Mauricio Macri a pocos días de su llegada a la Casa Rosada abrió camino a la furtiva creación de empresas en el sector. Una fue Araucaria Energy que montó 4 centrales térmicas en Argentina para generar energía eléctrica.

Fue fundada en 2016 con capitales canadienses y respaldada por fondos de inversión como Gramercy, BlackRock y Fidelity. Préstamos del Banco Provincia, presidido entonces por Juan Curuchet y comandado políticamente por María Eugenia Vidal y del Banco Ciudad, completaron el financiamiento para la construcción de las plantas en San Pedro, Las Palmas, Matheu y Luján.

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En esta última ciudad de casi 70 mil habitantes, ubicada a 68 kilómetros de la Capital Federal, la planta que instaló Araucaria Energy funciona en la clandestinidad desde hace 5 años. Para su montaje se saltearon los pasos administrativos, instalándose en una zona no permitida para uso industrial. Lo hicieron en la intersección de las rutas provinciales 6 y 34, sitio preferido para las industrias que necesitan agua para su funcionamiento por la poca profundidad de la napa del acuífero puelche.

Actualmente la firma es manejada por MSU Energy, que junto a Pampa Energía pisaron fuerte en el sector en los últimos años para abastecer el consumo eléctrico en el país. La central de Luján funciona a base de gas natural y requiere agua para calentar las calderas y enfriar las turbinas que producen la energía. Desde la empresa reconocieron que para funcionar necesitan cerca de 2 mil litros de agua por hora y que la central está activa unas cuatro horas diarias. Un 30% del agua que extraen del acuífero se rechaza considerada como “agua pesada”, no apta para el consumo humano.

La Autoridad del Agua (ADA) no permite que el desecho se realice en un arroyo con el que el mismo predio de la central cuenta y demanda un tratamiento especializado. Por su cercanía a tres escuelas la empresa despertó el rechazo de las comunidades educativas y gremios docentes. También de residentes del barrio privado Comarcas, que se ubica frente de la planta. El gremio de Cerveceros se sumó a las protestas argumentando que la actividad en el acuífero podría secar la napa, perjudicar la producción de cerveza en la planta cervecera de CCU que se sirve del mismo acuífero, y atentar así contra 600 fuentes de empleo.

Los levantamientos también se pronuncian en la localidad de Jáuregui que sufrió la contaminación de la curtiembre Curtarsa cerrada hace más de una década y de la cual aún se denuncia el pasivo ambiental y los perjuicios en la salud de sus ex trabajadores. De aquella experiencia vecinal surgieron asociaciones de prevención del cáncer con fuerte conciencia ambiental y una ordenanza que prohíbe la radicación de industrias de tercera categoría –altamente contaminantes– en el distrito. Otra norma que la empresa saltea saltea hasta hoy.

Al día de hoy, Araucaria Energy cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Energía de Nación, pero aún requieren que la parcela en la que se instalaron cambie su nomenclatura. Para ello acordaron con el gobierno del intendente Leonardo Boto (Frente de Todos) un proyecto de ordenanza que encuentra resistencia para ser aprobado en el Concejo Deliberante.

En los últimos días fracasaron dos intentos ante la movilización popular. La estrategia adquirió un carácter ofensivo: el presidente del Concejo, Agustín Musso (Juntos por el Cambio) denunció penalmente a dirigentes que participan de la protesta, lo que despertó repudios generalizados en el arco político y social. Las y los vecinos que reclaman el cumplimiento de las normas por parte de la empresa terminaron en Fiscalía consultando un expediente en el que se los acusa de impedir el desarrollo de la votación para que la Central empiece a regularizar su situación.

Para el Frente de Todos, que llegó al gobierno local prometiendo erradicar la empresa, el tema se volvió un trastorno en las últimas semanas. El intendente no logró explicar con claridad el cambio de postura respecto –tiempo atrás había denunciado a su predecesor y a la firma en la justicia– y no son pocos las y los concejales de su propio frente que se oponen a cualquier intento de legalizar la planta de Araucaria Energy. «Algunos no tienen conciencia de la lucha y de las perdidas que hemos sufrido por la contaminación, otros que sí la tienen se dieron vuelta y ahora nos ignoran», se lamenta Cecilia, vecina de Jáuregui y sobreviviente de la curtiembre Curtarsa. Frente a la creciente polémica, Boto recibirá a vecinos y vecinas para escuchar sus demandas pero mantendrá en la agenda legislativa el tratamiento del expediente que pide el cambio de uso en la zona donde fue radicada la planta. Será el primer paso para que salga de la clandestinidad y pueda operar bajo los estándares administrativos legales. «

Entre el ambiente y la justicia

El Consejo Urbanístico Ambiental dictaminó en contra de la planta, pero esto tampoco está siendo tenido en cuenta por el poder político. La tecnología utilizada, y el lugar donde lo hacen, entran en tensión con los planteos ambientales. Mientras tanto, las novedades se siguen desde los tribunales de New York, donde no hace mucho aprobaron la declaración de quiebra de la empresa original. Posteriormente, MSU se hizo cargo de la firma. De la puja judicial entre bonistas y empresarios fue protagonista José Luis Manzano, quien integró el directorio durante algunos meses, pero debió dejar su silla al no responder por las deudas que asumió con los acreedores.