El 3 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Marita Verón, la hija de Susana Trimarco, quien en 2002 fue secuestrada por una red de trata en Tucumán. Ya pasaron 15 años y no hay ningún culpable tras las rejas, a pesar de que sí hay diez condenados con sentencia firme. Al cierre de esta nota, todos seguían en libertad, gozando del tiempo fuera de prisión que les viene obsequiando la burocracia judicial.Una situación que no sólo impide que se haga efectiva la pena, sino que, como advierte con preocupación la querella, también genera el temor de que se produzca una fuga.

Así lo planteó a este diario Carlos Garmendia, uno de los abogados de la familia Verón, quien sostuvo que hace un mes y medio que los condenados deberían estar en la cárcel. Ese es el lapso que transcurrió desde que la Justicia tucumana rechazó el recurso extraordinario federal que los acusados habían presentado con el objetivo de que su caso fuera revisado por la Corte Suprema.

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“No se está cumpliendo una sentencia después de un hecho que ocurrió hace más de una década. Recordemos que para llegar al juicio, en 2012, hemos esperado diez años. El karma de la causa de Marita es la demora”, lamentó Garmendia. Además remarcó que “el otro gran problema es, obviamente, el peligro de fuga”.

En ese punto, señaló que el 3 de marzo, cuando se notificó a las partes que la Corte de Tucumán había denegado el pedido para dar intervención al tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, “los abogados de los condenados pueden haber levantado el teléfono y decirles a sus clientes: ‘Van presos’, y en ese instante, ellos irse”.

Terminado el recorrido del expediente a nivel provincial, como última opción, la defensa acudió “en queja” a la Corte de la Nación, es decir, se presentó directamente para solicitar que tomen su caso. “Argumentan que por esta presentación que hicieron sus defendidos deberían seguir libres, pero la verdad es que la queja ante la Corte no suspende el trámite de ejecución de sentencias, por lo cual tienen que ir presos. Es lo que dice la ley”, aseguró el letrado de Susana Trimarco.

De acuerdo a las penas que en abril de 2014 fijó la Cámara Penal de la provincia, por ser coautores penalmente responsables del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución, José Fernando “Chenga” Gómez y su hermano Gonzalo recibieron 22 años de prisión, en tanto que a Daniela Milhein y Alejandro González se les aplicaron 18 años. Como partícipes necesarios. Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada fueron condenados a 17 años; María Azucena Márquez, a 15; Humberto Juan Derobertis, a 12; y Mariana Bustos y Paola Gaitán, a 10.

Como ya habían agotado el tiempo máximo de prisión preventiva por la duración del proceso, todas estas personas se encontraban en libertad. Las medidas de seguridad establecidas por la Justicia fueron el pago de una fianza –que no fue en efectivo, sino con propiedades– y la presentación periódica para firmar el libro de comparendos, una forma de ratificar el domicilio, que en el caso de los que residen en La Rioja se realizaba en esa provincia. “Son mecanismos muy fácilmente violables si uno tiene la voluntad de fugarse,pero son los que dispone la justicia en general”, explicó Garmendia.

En concreto, quien tiene la competencia para aplicar la sentencia es la Cámara Penal, que ya recibió el expediente de la Corte –luego de algunas demoras por planteos de la defensa–y que, a su vez, le debe dar intervención al juez de Ejecución.

Garmendia atribuyó las demoras “al sistema judicial que tenemos, que es bastante arcaico en muchos aspectos”. Como ejemplo, relató el caso de una mujer que prostituía a su sobrina y que fue condenada a seis años de prisión pero tampoco está presa. “Es la misma situación que en el caso de Marita, con la diferencia que el expediente sí ha ido al juez de Ejecución, que lo demoró un tiempo y se la devolvió a la Cámara para que le dé los cómputos de la condena. Mientras tanto, la mujer va y firma un libro de comparendos y ya hace dos meses que debería estar en la cárcel”.

Cuando Susana Trimarco supo que las condenadas de los acusados de secuestrar a su hija habían quedado firmes, había dicho: “Conociendo lo que son, porque los conozco bien y sé lo que hacen, no sé si estarán ya. Ojalá estén ahí y puedan encontrarlos, meterlos presos y hacer que paguen”. «

El “Clan Ale” en la mira de la Justicia

La Justicia tucumana continúa con un juicio derivado del caso Verón: el que se les sigue a los miembros del poderoso “Clan Ale”, acusados de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva, entre otros delitos. Las audiencias, que comenzaron en diciembre pasado, tienen como acusados a 15 integrantes del clan que encabezan los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale. Recientemente, todos ellos fueron favorecidos con prisión domiciliaria.

La investigación que derivó en el juicio surgió de una denuncia de Susana Trimarco, quien siempre sospechó que los Ale estuvieron detrás de lo ocurrido con Marita, y contó con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).