En las últimas semanas, más de 100 detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Villa Devoto sin tener en cuenta la superpoblación ya existente. El viernes pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ordenó que en el plazo de 15 días se determine el cupo máximo definitivo de la Unidad 28, que funciona dentro de los Tribunales de Lavalle, tanto para alojamiento diario en tránsito como para pernocte, luego del hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria respecto “a la inaceptable situación de superpoblación y hacinamiento”. 

Son apenas dos ejemplos –los últimos hallados– de que el sistema penitenciario argentino está colapsado.

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En su resolución, los jueces de la Sala VI dispusieron que la dirección de la Unidad 28 “deberá abstenerse de recibir internos provenientes de otra jurisdicción y a su vez aquellas personas remitidas por fuerzas de seguridad que no sean puestos a disposición de jueces locales y éstos hayan dispuesto su ingreso”.

Entre otros de los puntos que fueran denunciados por la Procuración se destacó la deficiencia en el cupo de alojamiento, situaciones inhumanas de habitabilidad y hacinamiento crítico, malas condiciones edilicias y de higiene, deficientes condiciones de alimentación, dificultadas de comunicabilidad, entre otros. También se constató que las personas permanecen más tiempo del que corresponde ya que unidad fue diseñada para alojamiento transitorio y que en la actualidad dicha característica se ve desvirtuada.

En lo que respecta a la situación del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en la actualidad aloja alrededor de 2000 detenidos, cifra que se encuentra muy por encima de la capacidad disponible.

La gran mayoría de esas 100 personas que fueron trasladadas a Devoto recientemente fueron alojadas en el gimnasio del Módulo VI, que se utilizaba previamente para recreación y esparcimiento de los detenidos. De acuerdo al informe de la Procuración, allí “se colocaron 50 camas cuchetas y actualmente se realizan tareas de remodelación para transformar el gimnasio en un lugar en el que se pretende alojar detenidos en forma permanente”. La situación está tan naturalizada que el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) nombra al gimnasio como “Pabellón 53”.

Frente a esta grave situación la Procuración intervino en una acción de hábeas corpus “en favor de los detenidos del CPFCABA, a fin de que se desaloje el gimnasio del Modulo VI y se ordene respetar el cupo carcelario fijado en 2014 por la justicia”.