“Ni una sola mujer muerta por aborto clandestino”. El trapo verde con letras blancas cubre todo el ancho de Avenida de Mayo. Lo sostienen mujeres que marchan desde Plaza de Mayo al Congreso, encabezadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro (que se celebra todos los 28 de septiembre), y van al Congreso porque es allí donde debe debatirse el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado el pasado 30 de junio, por sexta vez consecutiva. Esperan que esta vez no pierda estado parlamentario y que con su aplicación puedan evitarse las 150 muertes anuales por prácticas abortivas clandestinas en la Argentina.

Referente de la Campaña, Celeste Mac Dougall habló con Tiempo y se refirió a las diferentes coyunturas en las que fue presentado el proyecto de ley que nunca llegó a ser debatido en el Parlamento. “Si bien cambió la situación parlamentaria en su composición en relación a las anteriores presentaciones de este proyecto, ahora aumentó el nivel de exigencia de este derecho. Y también es importante que actores políticos como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablen sobre el debate del derecho al aborto, más allá de que estén a favor o en contra, cuando antes ni siquiera se pronunciaban”, expresó.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, ese es el lema integral que condensa el eje central de los reclamos que se pretenden llevar al Congreso. “Consideramos – continuó la joven – que debe haber una efectiva aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, que no está sucediendo; un efectivo reparto de métodos anticonceptivos y que haya una ley de aborto legal para que podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida. Apostamos a un sentido integral del abordaje de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar que no necesariamente son mujeres”.

En la marcha de este viernes, la Iglesia Católica fue uno de los estamentos del Estado más apuntado como responsable de obstaculizar el avance de una legislación que garantice el aborto seguro. María Teresa Bosio, “Keka”, es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización de mujeres que se identifican como católicas que defienden el derecho a disfrutar de su sexualidad y a decidir sobre su maternidad. “La Iglesia es una comunidad diversa en donde hay de todo. De hecho están los Curas del Tercer Mundo que apoyan muchas luchas por la emancipación y la justicia social. Y nosotras como mujeres estamos en disidencia en relación a cómo la jerarquía religiosa piensa la sexualidad y cómo traduce el Evangelio en clave de castigo a la sexualidad en general y a las mujeres en especial porque siempre nos han impuesto una maternidad obligatoria con esa idea de que si no sos madre no tenés valor en la comunidad religiosa”, explicó “Keka”. Luego siguió: “La maternidad es una construcción, es un deseo subjetivo. Las mujeres no somos un saco biológico. Tenemos proyectos, tenemos intereses y derechos”.

Yamila Picasso también es integrante de la Campaña. Desea que por fin se trate el proyecto de ley en el Congreso porque asegura que les cuesta mucho esfuerzo presentarlo una y otra vez. Y en ese trabajo, la letra de la iniciativa se renueva. “En relación a los años anteriores, hemos presentado un proyecto actualizado en términos de argumentos y en términos concretos de aplicación del derecho al aborto en su articulado. Por ejemplo, el proyecto anterior planteaba que se aprobara la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que n el último se extiende ese tiempo a las 14 semanas”, detalló Yamila a Tiempo. También agregó que se cambió el término de mujeres por el de gestantes “porque entendemos que no sólo las mujeres podemos gestar, sino también las trans, y es justo incluirlas también en ese derecho”.

Actualmente, las mujeres tienen el derecho de una despenalización del aborto en determinadas causales: si la mujer fue violada, si corre riesgo la salud de la gestante y si corre riesgo la vida durante el embarazo.

El principal obstáculo que debe atravesar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo para ser tratado es el de ser aprobado en Comisiones. Derechos Humanos, Salud, Legislación, Familia y Penal son las cinco Comisiones en las que debe ser tratada la iniciativa para pasar al Parlamento.

Nina Brugo es abogada laboralista especialista en Derechos de la Mujer, pero sobre todo una activa y ferviente militante política y feminista. En diálogo con este diario, mostró su optimismo de cara al tratamiento de este proyecto. “Salvo en la de Penal, en el resto de las Comisiones tenemos posibilidades para que haya un plenario de comisiones y que lo lleven al recinto. Hemos conseguido que haya libertad de conciencia más allá de las posiciones partidarias. Nos lo han dicho varios diputados que aseguraron que van a permitir el debate más allá de que no estén de acuerdo con el aborto legal y puede que cumplan”, se ilusionó Nina. Y cerró: “Es una lucha larga. Pero sería muy bueno que se nos permitiera acceder a la libertad sexual de las mujeres. Todavía a la cultura patriarcal no le gusta nuestra libertad”.