Media sanción para la urbanización de más de 4 mil villas en todo el país

Se aprobó en Diputados. La iniciativa contempla la suspensión de desalojos por dos años y prevé que las familias adquieran titulo de propiedad de sus viviendas.

Con 194 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el oficialismo que estipula la expropiación de terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. La iniciativa también fue votada en particular, donde tuvo modificaciones consensuadas.

La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.

El proyecto fue promovido desde el Ministerio de Desarrollo Social, defendido por organizaciones sociales y presentado por los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO). Se estima que beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.

 Ademas, propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.

En comisiones, se  modificó el texto original de la norma y se introdujo una cláusula que autorizaba a la Nación a proceder a la expropiación aún en caso de falta de acuerdo con las provincias y municipios.

De este modo, se necesitará el acuerdo de las tres partes. También se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social.

«Es un logro de las organizaciones sociales que relevaron 4300 barrios en todo el país”, destacó el jefe del Interbloque Movimiento Evita/Libres del Sur, Leonardo Grosso, y agregó: “Las organizaciones de los más pobres vamos a luchar por cada peso que hoy le están regalando al sistema financiero y a las agroexportadoras”.

“Seguramente el gobierno cree que esta es una propina para los pobres cuya vida problematizan más y más con su política”, enfatizó Grosso y aseguró: “No nos van a conformar con limosnas”.

«Peleamos por esta ley pero no estamos felices porque no alcanza, porque la situación económica en los barrios es insoportable y por culpa de la gestión de este gobierno”, aseguró. 

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