Tras la muerte de un “colaborador” de Rappi quedó aún más en evidencia la desigual lucha de los trabajadores del sector que además de enfrentarse a las empresas, se suma el desinterés del gobierno porteño por sus magras condiciones laborales.
Ramiro Cayola tenía 20 años cuando el viernes, cerca de las 19, fue atropellado por un camión Iveco. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles San Martín y la avenida Madero, en Retiro. El chico era de Quilmes y trabajaba para Rappi. Sin embargo, aún no quedó claro si al momento del accidente estaba trabajando o no. Por un lado, testigos del episodio que se acercaron al lugar aseguraron que sí, mientras que desde la Policía de la Ciudad indicaron lo contrario.
“Hablé personalmente con un testigo que vio a Ramiro tirado en el piso y escuchó cómo le sonaba el teléfono. Los ringtones de estas aplicaciones son muy particulares. El de Rappi es medio mexicano y el que lo conoce no se puede confundir”, explica a Tiempo Daniela, quien trabaja para Glovo y es una delegada reconocida por sus pares pero ilegal para la empresa. “Por lo que pudimos reconstruir, el chico había levantado un RappiFavor, que es cuando un cliente contrata un servicio pero que no tiene que ver con local partner. En el medio, pasó esto”, analiza Daniela.
“Según lo informado por la gente del lugar no tenía valija de Rappi e iba a tomar clases de portugués, de acuerdo a lo que afirmó la familia. Trabaja para Rappi, pero los fines de semana”, indicaron a este medio voceros de la Policía de la Ciudad.
Las condiciones laborales son tan precarias e informales que tranquilamente el joven pudo haber estado trabajando o estaba por hacerlo. “Es una enorme tragedia lo que le pasó al compañero Ramiro. Día a día estamos sufriendo accidentes. Ese mismo viernes, registramos tres siniestros de chicos que estaban trabajando para distintas plataformas. Uno de los casos tuvo que ser derivado al Hospital Fernández por un traumatismo; otro se pudo ir a la casa porque no fue tan grave; y el tercero fue Ramiro, que terminó debajo de un camión”, resume Marcelo Pariente, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).
Para el dirigente gremial “este es el resultado del incumplimiento de un montón de normas de seguridad vial, más allá del reclamo laboral con el que siempre insistimos”. Pariente recuerda además que “la Ley 5226 fue presentada por los trabajadores, acompañada por la cámara empresarial, metida en la Legislatura por el PRO, acompañada por la oposición y votada por unanimidad. La secretaría de Transporte nunca la reglamentó. Un juez avanza en ese sentido y el gobierno porteño apela. Estamos muy enojados con todo esto que está pasando y pedimos la renuncia de Juanjo Méndez”.
La Ley 5226, sancionada en 2016, contemplaba la creación del Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC), pero nunca se llevó adelante. Por ello, el juez Roberto Gallardo resolvió el jueves “a efectos de salvaguardar la seguridad de las personas involucradas”, prohibir que los conductores de motos y bicicletas afectados al servicio de mensajería urbana o reparto a domicilio de sustancias alimenticias circulen sin dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: utilización del casco homologado y de indumentaria con bandas reflectivas y apropiada para utilizar en días de lluvia y en época invernal; que la caja porta objetos esté asegurada firme y mecánicamente al vehículo, que sea impermeable e inoxidable, de tapa hermética y que en caso de transporte de alimentos que requieren refrigeración, posea un sistema refrigerante o de aislación del calor; y en caso de transporte de alimentos, que el conductor posea libreta sanitaria.
El diagnóstico realizado por el magistrado era preocupante. De 691 vehículos relevados: 417 eran bicicletas y 199 motos. Del total de las bicicletas, 281 circulaba sin casco, 323 llevaban la caja en la espalda y 290 no tenían ningún tipo de seguro.
La resolución de Gallardo también hace mención a la información oficial aportada por el Ministerio de Salud que establece que “en el lapso de un mes y sólo en relación a los hospitales públicos de la Ciudad, se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería o reparto a domicilio”.
“Esta Ley apunta a la seguridad vial y que las empresas se inscriban en el registro, que tengan en blanco a los trabajadores y que éstos tengan una libreta sanitaria para manipular alimentos para que el consumidor también tenga sus garantías”, afirma Pariente quien destaca que la norma también incluye la obligatoriedad “de que los chicos que andan en moto hagan un curso gratuito que brinda el sindicato para que tengan herramientas de cómo manejarse mejor en la calle”.
“No soy del gremio, soy una laburante más. Pero es cierto que de todas las puertas que golpeamos cada vez que tuvimos que hacer reclamos, los únicos que nos respondieron y acompañaron fueron desde el sindicato”, aclara Daniela para quien la decisión de apelar la medida de Gallardo por parte del gobierno le parece “una locura. Es bochornosa, me avergüenza, es de una impunidad terrible”.
“Reconozco que nuestros compañeros no toman conciencia de un montón de cosas: Que el casco sale 800 pesos y entonces preferís gastarlo en otra cosa; que hay unas tres horas de alta demanda por día en las cuáles vale todo con tal de hacer pedidos: no mirás si viene un coche, no te importan los semáforos, etc. Por eso es importante la reglamentación de la Ley y la capacitación”, destaca la joven y argumenta: “por parte de la empresa, sólo les enseñan a usar la aplicación, pero este es un trabajo difícil y la mayoría de los que entran es su primer trabajo. Tienen 20 años. Esto no es para cualquiera. Tenés mucha presión con los horarios y los lugares a dónde vas. La calle hoy está muy violenta”.
