Un año atrás, #Niunamenos proclamó la consigna “basta de femicidios”, nacida de un colectivo de periodistas, artistas, investigadores y activistas como necesidad de detener la violencia contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres: amenazadas, golpeadas, abusadas y asesinadas por hombres, en general sus parejas o integrantes de sus familias, o desaparecidas por mafias con fines de explotación sexual. El mensaje conmovió a la sociedad, se volvió masivo, y el compromiso con esa causa aunó a cientos de organizaciones y decenas de miles de personas, tanto en Buenos Aires como en plazas de todo el país, en un grito que clama por un cambio en la cultura patriarcal que discrimina, culpabiliza y victimiza a la mujer.
La convocatoria ingresó así en la agenda política, hubo adhesiones, repudios y beneplácitos, pero más allá de los consensos, las fotos y las firmas, nada resulta suficiente si no se aplican medidas concretas. El próximo viernes 3 de junio desde las 17 se volverá a marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo, como hace un año, ahora bajo la consigna “Vivas nos queremos”, que sale del territorio nacional y extiende el reclamo fortalecido y plural a las calles de México, Brasil, Uruguay y Perú.
El eje central del reclamo sigue pasando por la demorada puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que, de acuerdo a la Ley 26.485, sancionada en 2009, el Poder Ejecutivo debe implementar a través del Consejo Nacional de las Mujeres. La designación al frente de ese organismo de Fabiana Tuñez, directora de la ONG La Casa del Encuentro –que creó el Observatorio de Femicidios “Marisel Zambrano”, durante años la única referencia estadísticas de los crímenes de género en el país–, generó expectativa en algunos sectores del movimiento de mujeres, y se espera que en vísperas de la marcha del 3 se darían a conocer los lineamientos de un plan.
Sin embargo, el anuncio podría redundar en una simple expresión de deseos, porque “el presupuesto con el que cuenta este órgano para 2016 representa tan sólo el 0,0055% del presupuesto nacional, el equivalente a $ 4,50 por mujer para prevenir la violencia machista, cifra que habla por sí sola”, según explica Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Para Luciana Peker, periodista especializada en género, “no habrá acciones reales de protección sin presupuesto. Con el impulso de #Niunamenos, las mujeres denuncian más, pero si luego no se las protege, se las expone a a mayores riesgos: el tipo que las quería golpear, ahora las quiere matar. Si #Niunamenos no va a fondo, si se queda a mitad de camino, el peligro que corren las mujeres es mayor que el año pasado”.
En ese sentido, una iniciativa clave es la ley de patrocinio jurídico gratuito, un proyecto del senador Juan Manuel Abal Medina aprobado por unanimidad en noviembre del año pasado, y que jamás se implementó. Si es arduo lograr que las víctimas de violencia de género se animen a denunciar, mucho más engorroso es llevar adelante una causa judicial, de allí la necesidad de que dispusieran sin cargo de un cuerpo de abogados que debería funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La idea fue elogiada por la primera dama estadounidense, Michelle Obama, durante su reciente visita al país, pero lo cierto es que no se pone en marcha y que en marzo pasado, el ministro Germán Garavano deslizó ante la Comisión de Justicia del Senado que hacerlo “requiere una carga presupuestaria fenomenal”.
Otro proyecto que no avanza es la llamada “Ley Brisa”, que prevé una asignación para los hijos de las mujeres asesinadas. Tampoco se implementó el monitoreo electrónico (con tobilleras) para asegurar que los violentos no infrinjan las restricciones de acercamiento que impone la justicia, si bien la iniciativa ya tendría el aval de la Corte (para la que además se reclama otra jueza). En paralelo, el caso de Belén, en Tucumán, ilustra sobre la creciente criminalización del aborto no punible en el país y, en general, la falta de una perspectiva de género en los fallos judiciales. Se anunciará la construcción de refugios para víctimas, pero la escalada del gobierno nacional contra Susana Trimarco, símbolo del combate a la trata, es otra señal de retroceso.
Después de un año de movidas, encuentros y asambleas, generando nuevos modos de interpelación a la sociedad y al poder político, #Niunamenos, como explican sus organizadoras, ya pertenece a “decenas, cientos de grupos pequeños y grandes, organizaciones, mujeres, varones. Es una consigna que no tiene dueñas ni dueños, pero sí un deseo en común: nos queremos vivas, a todas”. Ese momento de encuentro volverá a las plazas, entre lazos protectores, estratégicos y fortalecedores que buscan reterritorializar los espacios que entiendan la sexualidad sin tendencias moralizantes, represivas y discriminatorias, para revalorizar la vida y así desarmar el modo en que se propaga la violencia machista. «