Luego de haber sido denunciado penalmente por reiterados intentos de desalojos violentos, Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosa Manaos, recibió una orden de restricción sobre la comunidad guaycurú Iaku Cachi de Bajo Hondo, en el este de Santiago del Estero.

La orden llegó por parte de la jueza Rosa Falco, que dispuso que el empresario se abstenga de aproximarse a viviendas o lugares de trabajo y estudio de la comunidad guaycurú Iaku Cachi.

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Las restricciones rigen para ambas partes en un radio de 500 metros, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Natalia Gramajo en representación de la comunidad contra Canido y dos allegados, Ladislao Letonai y Adrián Corico, señalados en esas denuncias como sicarios.

«Esta es la primera respuesta judicial efectiva durante este largo año de ataques periódicos y violentos, y en la misma se reconoce en este conflicto territorial a la comunidad como poseedora ancestral», dijo la abogada, integrante del equipo jurídico del movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.

Entre julio y septiembre últimos, la comunidad Iaku Cachi y el Mocase-VC denunciaron judicialmente varios intentos de desalojo violentos que atribuyeron a grupos armados al servicio de Canido, en el más grave conflicto de tierras de este año, según la evaluación del Comité de Ermergencia de la Jefatura de Gabinete provincial.

Por el último de estos ataques, perpetrado por unas 15 personas el 24 de septiembre de este año, Canido fue denunciado ante el juez Darío Alarcón por instigar la destrucción de viviendas e instalaciones, el envenenamiento de pozos de agua y heridas causadas a un poblador, entre otros delitos.

Tras un ataque similar en julio, la jueza provincial María Martínez Llanos había ordenado restituir sus tierras a la comunidad Iaku Cachi pero sin detener ni desarmar a la «banda armada de entre entre 40 y 50 personas encabezada por Canido» que las había ocupado, informó en ese momento el Mocase-VC.

«Pese a la vía expedita elegida por el equipo jurídico, la respuesta no fue inmediata y desde entonces se sucedieron otros hechos violentos, como el del 24 de septiembre, en el que fue herido un compañero», agregó.

Recién este mes la jueza Falco notificó las medidas que dispuso al hacer lugar al amparo presentado por la comunidad Iaku Cachi.

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