Durante la jornada de ayer presentaron oficialmente un proyecto que establece declarar de utilidad las 72 hectáreas del predio que está en manos de la empresa IRSA en la Costanera Sur. El objetivo de fondo es expropiar esas tierras, devolvérselas al Estado e instaurar una nueva reserva ecológica para que pase a formar parte de uno de los pulmones verdes más importantes de todo el distrito porteño. De llevarse adelante esta iniciativa, se daría lugar a una gigantesca reserva ecológica sobre las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pretende levantar torres edilicias y dar lugar a un barrio privado.

El proyecto fue presentado en la Legislatura porteña por organizaciones políticas, sociales y ambientales, entre las que se encuentran: el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires; el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP); la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Capital.

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“Ahora estamos a la espera de que algún legislador o legisladora le dé estado parlamentario para que pueda ser debatido en las diferentes comisiones y en el recinto”, señala a Tiempo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. El documento fue presentado por más de 200 colectivos y acompañado por más de 2.000 firmas. “Básicamente proponemos que estas 72 hectáreas que tiene el lugar se transforme en un gran pulmón verde. Estamos hablando del predio más grande que la Ciudad tiene en este momento y además está al lado de uno de los sitios más protegidos como es la reserva ecológica y el barrio popular Rodrigo Bueno”, agrega Koutsovitis.

Desde hace meses, las organizaciones reclaman en la justicia porteña que el ejecutivo local lleve adelante una evaluación de impacto ambiental, antes de que la legislatura trate el proyecto que habilita a la empresa IRSA a levantar torres edilicias en ese lugar. “También solicitamos que se realice una audiencia pública previa al debate para que la ciudadanía pueda discutir y decidir cuál es el destino de estas tierras, si la Ciudad necesitan un nuevo Puerto Madero o en el marco de la crisis climática y de la emergencia ambiental de la Ciudad, si no necesitamos recuperar este predio y extender la reserva ecológica”.

Con el objetivo de concientizar y brindar información, este sábado, domingo y lunes, las organizaciones realizarán una volanteada en la reserva ecológica para alertar al conjunto de vecinos y vecinas, que ese lugar está en peligro, dado que, de avanzar el proyecto inmobiliario de IRSA con torres de 145 metros de altura, aseguran que se destruye uno de los pocos humedales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre varias situaciones que ponen en riesgo la naturaleza del lugar, advierten que se modifica la circulación de los vientos; alteran los impactos sonoros que ponen en riesgo a muchas de las especies que habitan la reserva ecológica; y también se producirá una alteración en la circulación de las aguas.

En el mismo sentido, organizan una bicicleteada y un abrazo para el domingo 22 de agosto que parte del Congreso Nacional y termina en la reserva ecológica de Costanera Sur, lindera a los terrenos donde IRSA pretende erigir las torres edilicias.

IRSA viola el código Civil de la Nación y la Constitución porteña

Las organizaciones sostienen que la parcela del Grupo IRSA, se ve afectada por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad”. En el proyecto, además citaron dos artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 8, señala que los “espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”, y el 27, que implanta la “protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”, por su importancia para el cuidado del medio ambiente.
Es por eso que las organizaciones pidieron la “nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal”.