El médico pediatra, docente universitario y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, habla con firmeza. Es uno de los sanitaristas que participa del proyecto sobre el que gira la idea postulada hace tiempo por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de tener un sistema sanitario nacional unificado. En diálogo con Tiempo sostiene que el sistema público argentino “es uno de los mejores y más consolidados de la región, pero hay una situación de fragmentación y segmentación de las prestaciones que hace que lo que se gasta no siempre se vea en resultados. Brasil y Uruguay, sí tienen un sistema único de salud, eso se busca consolidar acá, no un sistema único, sino integrado, donde sigan existiendo los diferentes subsistemas: el público, el privado y el de las obras sociales; integrando las acciones y complementándolas, para dar volumen, solvencia y organización al sistema”.

Trotta relata la historia de la salud pública argentina, con el hito del nombramiento de Ramón Carrillo en el primer gobierno de Perón: en ocho años duplicó las camas, erradicó pandemias como el tifus y la brucelosis, y redujo a casi la mitad la mortalidad infantil. Lo que era un sistema público robustecido fue vaciado por las dictaduras. Mientras bajaba el rango de Ministerio a Secretaría de Salud, Juan Carlos Onganía habilitaba el ingreso de las obras sociales. Menos de dos años después, el general Alejandro Lanusse creó el PAMI. En los ’80 empezaron a crecer los privados, proliferaron en los ’90 y en el 2000 tuvieron su punto de explosión cuando la Alianza habilitó que pudiesen aliarse con obras sociales e incorporar sus afiliados, sobre todo los más jóvenes y pudientes, dejando a adultos mayores y personas con menos recursos en un saturado sistema público, que se ahoga aún más cuando el país atraviesa alguna crisis y bajan los aportantes a prepagas y obras sociales, “recibiendo menor calidad de prestación, una situación que hay que corregir para equiparar y hacer más equitativo el sistema”. Hoy el sector privado mueve millones, pero por sobre todo un poder de fuego gracias a aportes a campañas políticas, y manejo de grandes medios de comunicación. En cada gobierno que apuesta a una ausencia del Estado, la salud pública recibe una estocada. ¿Cómo dar el debate de un sistema nacional e integrado en la Argentina actual? Trotta asegura que “todos los sanitaristas de todos los partidos e ideologías coinciden en que debe discutirse y lograr un sistema coordinado”.

–¿Por qué ese importante gasto no se traduce en resultados?
–Hay dispersiones, hay fugas, se duplican los gastos por falta de coordinación de los subsistemas, y eso encarece las prestaciones. A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector, luego no conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud, y ahí se duplica el gasto por no tener integración del sistema. Si fuese integrado, al ir a la segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar. Es un ejemplo básico de duplicación en costos. Los insumos es otro caso. Cada subsistema los adquiere de forma separada. Al fraccionarlos, el precio es más caro. Un solo sistema de adquisición de insumos o medicación de altos costos, al aumentar el volumen adquiriendo de forma única para todos, obtendría mejores resultados. Por eso es necesario reordenar el sistema. En ningún espacio de discusión se habla de la sumisión, desaparición o cooptación de alguno de los tres subsistemas, sino que sigan subsistiendo pero de forma más ordenada y organizada.
–¿Cómo sucedió en pandemia?
–Por supuesto. En pandemia se hizo una coordinación de lo que es la gestión. Hay tres aspectos a tener en cuenta del sistema de salud: cómo se organiza la atención médica, la gestión y el financiamiento. De esas tres, en pandemia se organizó la gestión, sobre todo las camas. Dónde había disponibles, y quiénes las necesitaban. Cuando el sistema privado estaba colapsado se les pudo gestionar a sus afiliados un lugar en el sector público. La atención de la salud se centra en que una autoridad coordine los niveles: la primaria, el segundo nivel de atención, el de alta complejidad. Y el financiamiento también debe ser coordinado, desde la carrera de profesionales hasta los insumos. El proyecto apunta a eso. No está mal que un profesional del sector público también trabaje en el privado, el problema es que ante la misma patología realiza diferentes tipos de práctica, a uno con más calidad que a otro según el ingreso o la condición de la persona, eso es lo que no hace equitativo al sistema y es lo que debemos corregir.
¿Cuál es hoy la principal falla?
–Sobre todo la fragmentación. Tiene que ver con que los subsistemas de obras sociales y privados atienden el segundo y tercer nivel de la atención, relacionado a patologías más complejas, y la atención primaria y la promoción y prevención de la salud hoy está casi delegada en el sistema público. Hay prejuicios de algunos dirigentes sindicales de un proyecto que desconocen. Si lo conociesen se interesarían más y aceptarían debatirlo. Verían que hay modificaciones sustanciales que modifican a la obra social como institución y a su población. Si tenemos una estrategia de promoción y prevención de la salud unificada podemos atender a tiempo diabetes, hipertensión, cáncer de colon o mama, y será más económico para la obra social porque insumirá menos recursos de los que hoy le ocupa, la persona ya llega a la consulta con enfermedades avanzadas y requiere tratamientos complejos y medicamentos muy caros.
–La discusión es técnica pero también ideológica. ¿Qué se responde al argumento de “quieren sacarnos la plata a los privados porque funcionamos mejor que el sector público”?
–Quienes creemos que la salud es un derecho inalienable al que todos deben acceder equitativamente a la misma calidad sostenemos que es necesario reformular el sistema. Después puede haber quien crea que es un negocio que lo va a regular el mercado, pero si la discusión es quién se va a quedar con los recursos, en el análisis va a surgir claramente que quien más aporta al sistema sanitario es el Estado Nacional, no el sector privado. Y del Estado se apropian recursos también. Si la medicina privada no tuviese acuerdos o alianzas con obras sociales, PAMI y el sector público, como se le permitió desde el 2000, no tendría la potencia comercial que hoy tienen. No superarían el 10% de afiliados, concentrados en grandes ciudades. Lo que se intenta instalar es la idea de que el Estado busca apropiarse de los recursos del sector privado, o estatizar la salud, y son todos artilugios para confundir a la opinión pública. Es un debate ficticio que nada tiene que ver con la propuesta de la vicepresidente y los sanitaristas que creemos que debe ser un sistema de salud integral, integrado, equitativo, que responda a las necesidades de la población, teniendo en cuenta a los más vulnerables, cuyo único capital es su salud y su fuerza de trabajo. Sin una buena calidad de atención entran en un círculo vicioso de pobreza, enfermedad y desempleo. El sistema de salud del Reino Unido, por ejemplo, es un sistema único de salud nacional que atiende por igual a toda la sociedad. Lo que buscamos es la complementariedad. La medicina privada puede ofrecerse a la población que decide pagar, sobre todo con la oferta de elementos complementarios que no brinda el sistema público ni las obras sociales. Qué va a ofrecer se debe resolver en una mesa de diálogo, ahora: los niveles básicos, igualitarios y equitativos de acceso a la salud deben ser igual en todos los sistemas. Ante una hernia o apendicitis las intervenciones deben ser similares, de forma inmediata. Si el sistema público está saturado, lo cubre la obra social o el privado, o viceversa. No puede ser que quede población desprotegida por no tener los recursos, y otra sobreprotegida por tener mayores recursos económicos. De eso se trata la equidad. Sucede que el sector privado es una minoría, sin una concentración masiva de personas, pero con mucho poder de lobby y de reclamo. «