Sostiene que la causa ya está para ir a juicio oral y público. Hay empresarios procesados por "facilitación de lugar" para vender drogas, prefectos, funcionarios porteños y dealers.
¿Es cierto, como dice Stinfale, que dejó de investigar a los vendedores de droga para focalizarse en él?
No se dejó nada de lado. Son cosas distintas. Los empresarios fueron acusados por facilitar el lugar para vender drogas. No se los acusó de vender, sino de permitirlo. A los dealers se los persiguió por separado. La fiscalía, el juez y la Cámara ratificaron que un grupo empresario privilegió el fin de lucro y permitió que cualquiera vendiera drogas allí. Técnicamente se llama «facilitación de lugar». Se dijo que el Estado local no controló y que la Prefectura Naval tampoco. Por eso todos terminaron procesados.
El juez Sebastián Casanello, avaló su actuación. ¿Por qué lo apartó la Cámara?
La Cámara también la avaló. De hecho están todos procesados y con pedido de elevación a juicio. Nadie sabe por qué me apartaron. Si leés la resolución, fue por investigar muy rápido.
Pero también lo trataron de parcial, de asumir el rol de juez.
Los fiscales no tenemos que ser imparciales. Los imparciales son los jueces. Nosotros representamos los intereses de la sociedad y buscamos la verdad.
¿La causa puede volver a foja cero y los imputados quedar sobreseídos?
Sobre la causa no puedo hablar porque no estoy más. En principio, debería ir a juicio oral y público.
Stinfale dijo que lo quiere ver preso.
Sobre lo que dicen los procesados no opino.
También fue cuestionado por la investigación que se le sigue al titular de la AFI, Gustavo Arribas. ¿Es casual? ¿Lo relaciona con el libro crítico que escribió sobre la justicia?
No creo en casualidades, sino en causalidades. Siempre me cuestionan por avanzar en las causas que tocan de algún modo al poder, ya sea político, económico o «fáctico».
Los procesados por Time Warp podrían dividirse en cuatro subgrupos: en el primero está Walter Santangelo, presidente de Energy Group , que comercializa el agua Block, y su presunto socio oculto, Stinfale. Se determinó que Dell Producciones, organizadora del evento, sería una subsidiaria de Energy Group. Por la productora hay cinco directivos procesados, todos sospechados de facilitación de lugar para la venta de estupefacientes en concurso real con cinco homicidios culposos y cuatro lesiones graves culposas, excepto Martín Gontad, acusado de ser partícipe necesario.
En la segunda tanda, están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público los agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) Claudio Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Pablo Fontanella, Gustavo Herm y Néstor Cella. Por último, unos 24 prefectos están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de no promover la persecución penal de delitos.
Por separado, ya fueron elevadas a juicio otras dos causas contra seis supuestos «transas» que vendieron drogas esa noche. «
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