Cerca de trescientos especialistas en temas vinculados a la seguridad se reunieron para diagnosticar y discutir las actuales políticas públicas de seguridad convocados por la Universidad de San Martín (Unsam). En las Jornadas sobre Delito, Violencia y Policía, que agrupó a más de 30 equipos de investigación de diversas instituciones del país, los especialistas llegaron a un consenso sobre la “emergencia que atraviesa la seguridad democrática en la actualidad” en la Argentina.

La seguridad es uno de los puntos nodales de la política del gobierno de Mauricio Macri, que se vierte como eje central de la agenda de los medios de comunicación. Casi a diario, funcionarios de diferentes áreas azuzan un discurso y una acción punitivista, que puede ir desde la supuesta defensa de una institución (“no voy a tirar un gendarme por la ventana”) a avalar el gatillo fácil (caso Chocobar) hasta meter preso un chico por un tuit, a dos hermanos por ser musulmanes o como forma de desalentar la protesta social.

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Los investigadores emitieron un documento final, llamado ‘Acuerdos básicos para una agenda democrática de seguridad’, en el que advierten sobre el retroceso en la distinción entre los ámbitos de seguridad interior y de la defensa, una conquista social que viene desde el retorno de la democracia en 1983: “Este intento de fusionar ambas agendas, apelando a la necesidad de enfrentar las ‘nuevas amenazas’, no se sustenta en la realidad de nuestro país y además reconoce pésimos antecedentes en términos de eficacia, incremento de la violencia y graves vulneraciones a los derechos humanos en otras  experiencias  (como  Brasil,  México  y  Colombia)”, puntualiza el escritoal, al que adhirieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Núcleo de Estudios sobre de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires (FaHCE/UNLP), entre otros.

La declaración establece doce puntos nodales, como la mala producción y análisis de datos sobre delitos, el rol de las fuerzas de seguridad, las políticas de control de las drogas ilegalizadas, las políticas comunicacionales, las violencias de género, el régimen penal juvenil, la criminalización de la población migrante.

En el documento, señalaron “déficits extraordinarios  de  transparencia de  las  instituciones  policiales, judiciales y penitenciarias federales y provinciales, escondiendo   aspectos   claves   de   su funcionamiento para el debate público y el diseño e implementación de políticas en la materia”. Además previnieron contra la  narrativa  gubernamental que “incentiva  el hostigamiento, el abuso de la fuerza y la ejecución sumaria al tiempo que la define engañosamente como una modalidad de  cuidado  al  policía que lejos de protegerlos pone  en  riesgo su vida, su trabajo y su libertad”.

En el caso de las drogas ilegales, apuntaron que, por un lado, no se lo toma como un tema de salud pública y, por otro lado, “el enfoque de las políticas (punitivistas) que se vienen implementando no han tenido impacto en la disponibilidad de drogas en el mercado local”. En este sentido, el documento alerta sobre “el crecimiento de la población de mujeres y mujeres trans/travestis detenidas”. Detallan que la información disponible  muestra “un  notable  incremento en  las  detenciones, procesamientos  y  condenas  año  tras  año,  con  un  énfasis  excesivo  en  los  consumidores  y  en  los eslabones  más  débiles  de  la  cadena  de  comercialización  ilícita  de  estupefacientes”.

Los investigadores no pasan por alto la relación entre el discurso gubernamental, “el miedo se transformó en política de Estado” y los medios de comunicación: “Algunos  medios de comunicación construyen noticias que amplifican el impacto del delito y difunden discursos de la seguridad acríticamente, contribuyendo a generar climas de alarma social”.

Los expertos advierten sobre la criminalización de la protesta social, y la profundización de “la judicialización de cuestiones políticas y la politización de cuestiones judiciales”.