Los incendios en el Delta del Paraná volvieron a ubicar en primer plano la necesidad de regular la actividad en humedales. Y también el rol de los productores agropecuarios en la generación de la mayoría de los fuegos. Lejos de asumir la responsabilidad, algunas entidades salieron a desentenderse, culpar al Estado, y rechazar la posible sanción de la Ley de Humedales, que se trataría este jueves. Sobre todo una sorprendió, por su pasado histórico alejado de las oligarquías agro (pasado cada vez más lejano): la Federación Agraria.

A través de un comunicado, FAA señaló: “no hay dudas de que hay que dar una solución ante los incendios y otras cuestiones vinculadas con la protección de los humedales; sin embargo, como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”.

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«El problema más grave que tenemos como país es que el Estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de contralor y aplicación fehaciente de esas normas”, remarcaron, sin hacer mención al accionar de los productores. En ese marco, promover una nueva legislación al respecto implica “avanzar hacia una contaminación normativa, resultante de apuros políticos y no de un abordaje serio e integral de estos ecosistemas; no es una buena alternativa, pues en lugar de solucionar problemas crearán otros”.

Y marcaron la importancia de que los Estados nacional y provinciales avancen en la aplicación y observación de las normas vigentes, y termine “con los abordajes facilistas que buscan demonizar a los productores agropecuarios”.

A la Federación Agraria se sumó Confederaciones Rurales (CRA). Ambas señalaron que las leyes Nº 25.675 (“Ambiente”), Nº 25.335 (Ratificación del convenio Ramsar para la protección de humedales), Nº 25.688 (“Gestión ambiental de aguas), Nº 26.815 (“Manejo del fuego) y Nº 26.652 (“Quemas controladas) tienen «todo lo necesario» para proteger los humedales. Y que además existen normas provinciales que las complementan.

“Sin embargo, actualmente más de una docena de proyectos de distintos partidos políticos sobre ‘presupuestos mínimo’ para el humedal se debaten en el Congreso Nacional. “La sobreabundancia y superposición de legislación no evita los daños. Lo que previene los siniestros y conserva el ambiente es cumplir las leyes vigentes. Hagámoslo”, consideró la CRA, y concluyeron: «no se trata de sumar capas legislativas, sino de su cumplimiento, sus medios y sus resultados”.

En el mismo sentido, se expresaron el resto de las entidades rurales que conforman la Mesa del Enlace: Sociedad Rural y Coninagro, compuesta esta última por cooperativas.