Días después que la Justicia porteña declarara nulo el convenio que habilitaba las torres de la empresa IRSA en Costanera Sur, se conoció otro fallo a favor del reclamo vecinal y en contra del avance de mega-proyectos inmobiliarios en el distrito capitalino. Esta vez, fue en el barrio de Parque Chacabuco.

La jueza Andrea Danas, desde el Juzgado de Primera Instancia en lo contencioso administrativo y tributario N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, falló a favor de la medida cautelar presentada por vecinos y vecinas de Parque Chacabuco, frenando todo tipo de construcción en uno de los predios en los que se pretendía construir edificios de 12 y 21pisos, en un barrio de casas bajas.

El fallo apuntó a los derechos a la salud y al ambiente que se verían vulnerados en caso de avanzar esas torres, sobre Avenida Asamblea entre Pumacahua y Thorne. Falta de provisión de servicios públicos suficientes y menos acceso a la luz natural serían algunos de los perjuicios, así como la afectación a la fisonomía e identidad del barrio.

Pero además, el fallo resaltó que la habilitación del proyecto por parte del Gobierno de la Ciudad incluyó la aceptación de una declaración jurada falsa, presentada por la empresa desarrolladora M&M. Tan falsa, que establece los resultados de una demolición que nunca ocurrió.

“La jueza hizo hincapié en que fue falseada la declaración jurada presentada por los desarrolladores. Dicen que se realizó la demolición de una casa gigante que había hecho un empresario en el predio donde quieren construir las torres. Dicen que se analizó el lugar y no se encontraron asbestos. El GCBA lo tomó por bueno y dio la certificación de aptitud ambiental que abrió la puerta al permiso de obra. Pero sabemos que la casa no se demolió, vivimos al lado. El juzgado mandó al secretario a hacer una inspección ocular. Está todo tapiado, pero constataron que el inmueble está intacto”, detalló Analí López Almeyda, vecina e integrante del colectivo No a las Torres de Parque Chacabuco.

La sospecha es que ese documento se falseó para acelerar el proceso antes de la aprobación del nuevo Código Urbanístico, que no permite tantos pisos en la zona. “El Código se aprueba en 2018. Ellos hacen el trámite en 2017. Si no lo hubiesen falseado y tardaban más, se tendrían que haber atenido al Código actual. Lo apuraron por eso”.

El colectivo se conformó en enero de 2021, cuando vecinos y vecinas se enteraron de casualidad –por información que circulaba en redes- que había proyectos de erigir torres en su barrio. “Ahora hay carteles publicitarios con todo lo que proyectan: pista de atletismo, pileta, lo venden como country vertical”, describió López Almeyda. “Seguimos atentos a ver cómo continúa esto. La cautelar es contra el GCBA por haber otorgado el permiso, pero se notifica a los desarrolladores. Tienen una cantidad de días para apelar y probablemente lo hagan. Mientras tanto, sigue avanzando la cuestión de fondo: los derechos que se pueden ver vulnerados si esto se concreta. Va a ser un proceso largo”.

A principios del año pasado, cuando en el barrio comenzaron a organizarse contra el mega-proyecto “Alto Grande Asamblea”, la vecina Mariana Díaz decía a este diario: “Nuestro barrio es residencial de casas bajas, solo se pueden construir edificios con reglamentación pero alrededor del parque. No dentro del barrio. La legislación dice que la altura máxima para edificación es de 11.20 metros: una vivienda de tres plantas. Los servicios y la infraestructura están para eso. No hay con qué sostener en un barrio como este unas torres de 21 pisos. ¡Son 270 inodoros!”.

El colectivo No a las Torres Parque Chacabuco se incorporó a la Red de Organizaciones Barriales, que nuclea a agrupaciones que lidian con situaciones semejantes en distintos puntos de la ciudad.