El Ministerio de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein (foto), rescindió el contrato con una empresa proveedora de reactivos para la detección temprana de enfermedades como chagas, dengue y celiaquía. Se trata de una licitación dispuesta entre 2013 y 2014 por el anterior gobierno, que la cartera sanitaria amplió en 2016. Pero la empresa proveedora de los insumos argumentó que en ese lapso los precios habían variado y que no podía sostener los valores originales, por lo que desistió de la provisión. El Ministerio dio por caído el convenio y de la consulta en su página web y del Boletín Oficial no surge que los reactivos hayan sido comprados a otras empresas.

La situación parece similar a la que atravesaron los pacientes con HIV durante enero pasado, con una diferencia: como en este caso se trata de detección temprana y no de atención a pacientes que ya contrajeron enfermedades, la repercusión es mucho menor. No hay enfermos que requieran medicamentos y no los tengan; hay potenciales afectados que podrían enterarse prematuramente de sus dolencias y comenzar a tratarlas, pero como faltan reactivos no tendrán acceso a esa posibilidad.

El Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete publicaron en el Boletín Oficial su “Decisión Administrativa 35/2018”, mediante la cual se rescindió “por culpa del adjudicatario, el contrato perfeccionado con la firma BIOARS S.A. mediante Orden de Compra Nº 250/16, emitida en el marco de la ampliación de la Licitación Pública Nº 25/13”. ¿En qué consistía esa licitación? En “la adquisición de reactivos HAI para el diagnóstico de la enfermedad de chagas, reactivos IGM y NS1 para el diagnóstico de la enfermedad de dengue, determinaciones de antitransglutaminasa humana clase inmunoglobulina A (IgA) para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, sets para test de embarazo en orina y reactivos para diagnóstico y seguimiento de hepatitis virales”.
Según explica la resolución publicada en el Boletín Oficial, el 27 de setiembre de 2016 Salud “amplió la Orden de Compra N° 198/14 emitida a favor de la firma BIOARS S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 25/13”. Es decir, un llamado a licitación de 2013 que se tradujo en una orden de compra en 2014.

De la descripción de los hechos se desprende que BIOARS debía incrementar la provisión de los insumos que venía vendiendo al Ministerio, en rubros específicos que la resolución no detalla.
La empresa es habitual contratista del Estado, aún con el actual gobierno. De hecho, el 27 de setiembre de 2016, mediante la Decisión Administrativa 1050/2016, le fue adjudicada la compra de kits reactivos para “detección y control de la enfermedad celíaca” por un 20 por ciento adicional, “con el objetivo de detección temprana de la enfermedad”. El Ministerio había lanzado un nuevo proceso de compra pero lo declaró “sin efecto” y el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca advirtió que podía quedarse sin reactivos.

En una nueva ampliación de provisión, BIOARS presentó el 19 de octubre de 2016 “una nota manifestando su voluntad de devolver la Orden de Compra N° 250/16 debido, entre otras cuestiones, al tiempo transcurrido y a la variación de precios de los productos adjudicados”.
Un año y cuatro meses después, la cartera sanitaria le respondió que la normativa que rige (regía) la relación contractual “no prevé la readecuación de precios solicitada”. En ese contexto, el acuerdo se rompió.

Las consultas de Tiempo para conocer de primera mano la explicación del cuadro de situación, tanto con el Ministerio cuanto con la empresa, fueron infructuosas.

BIOARS fue sancionada con la pérdida de la “garantía de cumplimiento de contrato”, una penalidad económica que trepa a 11.937,79 pesos.

La documentación vinculada con todo el trámite es imposible de hallar en la página web del Ministerio de Salud. Tampoco figura allí si los programas sanitarios cuentan actualmente con los reactivos para la detección precoz de pacientes que padecen chagas, dengue, celiaquía, embarazos o hepatitis virales y aún no lo saben.