El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y la asamblea de Barrios Históricos Vivos, con el apoyo de más de 2500 firmas, presentaron un amparo colectivo ambiental para que la justicia interrumpa la implementación del “Plan de Renovación del Casco Histórico”. Buscan que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y Estratégica.

Como se sabe, hace varias semanas el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza en el marco de la campaña “La Transformación No Para” con una serie de obras en el Casco Histórico de la Ciudad. “El plan consiste en intervenir la zona delimitada por Avenida de Mayo, Avenida Garay, Paseo Colón y Tacuarí: readoquinar las calles, nivelarlas con las veredas e instalar bolardos”, resume la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la CLIC, cuya institución elaboró un estudio técnico que acompañó a la presentación del amparo.

“La modificación del sistema pluvial involucra los sistemas de captación o sumideros y reemplaza el sistema de escurrimiento superficial: calzada más cordón cuneta, por canales laterales con rejilla tipo acequia. Esto podría modificar el riesgo y el nivel de protección frente a inundaciones”, explica la especialista, quien añade: “La disposición de las hileras de bolardos limita el radio de giro en las esquinas, dificultando la circulación de vehículos de emergencia como son los coche bomba”.

“Esta lógica de avanzar con la destrucción de la identidad, de la historia y de la morfología barrial hace que cada vez nos resulte más difícil reconocernos en barrios totalmente transformados como en el caso de San Telmo, por la irrupción de torres, grandes cadenas comerciales o por la uniformidad del espacio público”, continuó Koutsovitis, en clara alusión a que ahora lucen igual las calles del Microcentro, Palermo o Boedo.

El amparo judicial contempla también que se implemente un ámbito democrático participativo donde los habitantes de estos sitios involucrados puedan discutir las prioridades barriales garantizando la Democracia Participativa Ambiental y la protección del patrimonio. De este modo, pidieron la conformación de una Mesa de Trabajo donde se discuta un Protocolo de Uso del Espacio Público que garantice la compatibilidad de los usos residencial y comercial para que sea posible la habitabilidad de los hogares.

En referencia al reordenamiento del transporte público, Koutsovitis señala que en la actualidad hay “cuatro líneas de colectivo que recorren San Telmo, la 22, 24, 28 y 126, que van a ser derivadas al Metrobús de 9 de Julio y al del Bajo. Para poder acceder al transporte público, quienes habitamos en los barrios históricos, vamos a tener que caminar en algunos casos más de 10 cuadras. El gobierno elabora una política de transporte pensando que todos los habitantes de los barrios históricos son personas sin problemas de movilidad”.

La ingeniera concluye que el gobierno porteño “está acelerando el proceso de expulsión de los residentes y de los pequeños comerciantes del casco histórico, porque el objetivo es transformar a los barrios históricos en un gran polo gastronómico a cielo abierto destinado fundamentalmente al turismo”.

La presentación judicial derivó en la apertura de una causa caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”. El expediente es patrocinado por el fundador de la ODC, el abogado Jonatan Baldiviezo, quien en diálogo con Tiempo manifiesta que “el objeto es que el plan de renovación del Casco Histórico sea sometido a estudios de impacto ambiental y a procesos de participación ciudadana a través de la audiencia pública. Lo que hizo el gobierno fue fragmentar todo esto en muchísimas pequeñas obras considerando que no merecían un tratamiento particular en cuanto a la evaluación del impacto ambiental”.