Detrás de los frondosos postulados de “Ciudad Verde” y el “Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020”, en la Ciudad se esconde el negocio de la poda de árboles: miles de millones de pesos para cuatro empresas que se reparten las 15 comunas y sobre las que no recae control alguno. Más bien lo contrario: al igual que en concesiones como las grúas o las veredas, su polémico accionar (con podas masivas e indiscriminadas, y extracciones sin informes previos) es avalado por las autoridades, que cada vez le destinan más fondos públicos, perdiendo de vista los beneficios ambientales y sociales que genera la presencia de árboles.

El cuidado de los árboles debía ser competencia de las comunas, pero el Ejecutivo decidió hace años dejarle la tarea a terceros privados, que deben avisar a su comuna lo que harán con cada árbol, aunque en casi todos los casos sólo interviene el jefe comunal, oficialista. En 2015, la licitación para el servicio del mantenimiento integral del arbolado público porteño le otorgó el negocio, por 36 meses, a cuatro firmas: Mantelectric, Casa Macchi SA, Ecología Urbana SRL y la UTE Zona Verde, conformada por Urbaser y SEOB SA. Algunas son aportantes a la campaña PRO (Mantelectric) o a la fundación de Gabriela Michetti (Urbaser), y otras ganadoras de licitaciones en otros ámbitos del cartelizado espacio público porteño.

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Sólo este año, la Ciudad destinará casi 300 millones de pesos para podar unos 70 mil ejemplares. Lo que reciben las empresas fue escalando de manera exponencial: en 2015 facturaban 2 millones por comuna; en 2019, 20 millones;  y desde 2020 –de acuerdo a la nueva licitación del servicio de mantenimiento del arbolado urbano, cuya apertura de sobres fue el mes pasado– algunas superarán los 140 millones anuales. En 2020 planean podar 80 mil ejemplares, más de un 20% de los 360 mil que hay en toda la Ciudad.

“La mala poda genera más poda –remarca el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, ex titular de arbolado durante la gestión de Aníbal Ibarra–. Deviene en un negocio continuo, porque el árbol, en el mejor de los casos, responde de manera anárquica y desordenada, por lo cual hay que volver a podarlo en menor tiempo y genera más riesgos y dependencia. Al podar mal, las empresas van generando su propio trabajo”. El especialista, arborista certificado por la International Society of Arboriculture, apunta que hoy el negocio está por delante de lo ambiental, manejado por empresas no especializadas en el manejo del arbolado: “Este sistema trajo firmas que no tenían nada que ver con el rubro, como Mantelectric, que viene del mantenimiento de las luminarias. Subcontratan cuadrillas rotativas, que cobran por productividad. Más árboles intervienen, más plata se llevan”.

La Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana es la encargada del mantenimiento de árboles. En los próximos dos años invertirá $ 2.574.518.2018. “Ninguna rama deberá ser podada sin motivo –enfatiza el pliego de la nueva licitación–. La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde”. El corte de raíz superficial y profunda con poda aérea le costará a la Ciudad $ 12.700. A eso hay que sumar 6500 pesos por retiro de árbol sin remoción de cepa; $ 5340 por construcción de planteras, y $ 3300 por reconstrucción de veredas. La ecuación es clara: cuantos más ejemplares quiten, mutilen o reemplacen por otros, mayor es el negocio. En la Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) planean podar, en menos de dos años, 8642 árboles, y habrá 21.105 m2 de veredas “reconstruidas”. Eso sin contemplar a las empresas que ya se ocupan de arreglar las veredas de las 15 comunas por $ 3750 millones. De hecho, SEOB y Urbaser, que cuidan el arbolado en las comunas 1, 8, 9, 11 y 15, obtuvieron la licitación por el arreglo de veredas en las comunas 3 y 14.

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“Este año están podando con un entusiasmo digno de mejor causa. Los fresnos y plátanos ya brotaron y están volviendo a podarlos”, se lamenta María Angélica Di Giácomo, fundadora del grupo Basta De Mutilar Nuestros Árboles, que ya cuenta con 2296 miembros. “Con esta poda sistemática y reiterada, los árboles ya están prácticamente sin follaje. Algunos perdieron más de un 80%, por ejemplo los de la calle Laprida en la Comuna 2”.

El bosque urbano disminuye las altas temperaturas, atempera el ruido y los vientos, capta la contaminación atmosférica y absorbe la caída de la lluvia, entre otras ventajas para la calidad de vida de las personas. Para Anaya, lo que falta es planificación. Se poda por podar, sin objetivos concretos: “Hace dos semanas vi en Barracas y en Parque Lezama cómo podaban tipas en plena brotación, porque suelen tirar hojas más tarde”.

De acuerdo a estudios del Conicet, en los últimos 50 años en la Capital aumentaron un 32% de las precipitaciones y 0,8 grados la temperatura promedio. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prometió plantar cien mil árboles en los próximos cuatro años “para oxigenar la Ciudad, mitigar las inundaciones y proveer de sombra”. Para Di Giácomo, “los árboles no pueden reemplazarse uno a uno. En las veredas arboladas puede haber entre dos y nueve grados menos de temperatura que en las cuadras sin ejemplares. Todo esto lo producen los árboles frondosos, no los tronquitos con copitas o tres hojas con que los remplazan, o los macetones de cemento que cuestan 5000 pesos”.

La demanda por los árboles suele comenzar en los propios vecinos. En el último año y medio, la Defensoría del Pueblo recibió 384 denuncias por poda. Un 50% más que hace cinco años. En julio de 2017, el juez Guillermo Schleiber hizo lugar a una acción de amparo vecinal y prohibió toda intervención en arbolado que no cumpliera con los artículos 10, 11 y 12 de la ley actual, que exigen que haya representantes de las comunas presentes en cada intervención, con personal idóneo, y que haya difusión pública de informes, algo que hoy no se cumple.

Normalmente, un árbol de 12 metros de altura debería tener dos tercios de copa y un tercio de tronco. Hoy ocurre lo inverso. Anaya reclama: “Dejan al árbol podado, como una palmera con tronco flaco y alto, destruido mecánicamente. Resulta un contrasentido hablar de la lucha contra el cambio climático y después promover esas podas”. «  

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Críticas desde Jardinería de la UBA

Entre quienes cuestionan la falta de criterio técnico de las podas en las calles porteñas están los docentes de la cátedra de Jardinería de la UBA. Advirtieron que las malas prácticas aumentan el riesgo de caída de ramas y árboles. “Cerca de 30 técnicos egresados de la tecnicatura en Jardinería de la UBA fueron empleados por el área de arbolado urbano del Gobierno de la Ciudad, como parte del plantel de inspectores. Desde allí hacen un diagnóstico del estado de los árboles y proponen un determinado tipo de intervención. Pero luego las empresas contratadas que llevan a cabo las podas no están a cargo de profesionales idóneos, no tienen cuadrillas capacitadas y cortan sin un criterio técnico”, había apuntado en septiembre de 2017 Gabriela Benito, jefa de trabajos prácticos de la cátedra, desde donde aclararon a Tiempo que “algunas cosas cambiaron” luego del reclamo, que motivó el amparo de la Justicia y una mayor presencia de inspectores. Agregaba Benito: “Desde el gobierno bajan la orden de comenzar a podar 70 mil árboles a partir del 1 de mayo, por ejemplo, como si todos caducaran en el mismo momento. Algunas especies se podan fuera de época, como las tipas y los jacarandás, que caducan en septiembre u octubre, pero se intervienen en junio. Con ello les quitan masa verde y aceleran su decrepitud”.

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Siempre las mismas ganadoras

El de las podas es otro de los polémicos rubros del espacio público que el macrismo decidió tercerizar a firmas amigas. «Zona Verde» es una UTE conformada por Urbaser Argentina y Seob SA. En los últimos cuatro años consiguió licitaciones del gobierno porteño para el mantenimiento de áreas verdes y arbolado público por 860 millones de pesos. Entre otras zonas, se ocupa de la Plaza de Mayo y el Congreso. A esa empresa se le encomendaron las obras de limpieza tras la marcha en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado, por 2,5 millones de pesos. La UTE fue mencionada entre las 30 contratistas de la Ciudad que esponsorearon a la Fundación Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Urbaser Argentina era hasta fines de 2016 propiedad de ACS, la constructora española de Florentino Pérez (el presidente del Real Madrid), accionista de Autopistas del Sol y, por tanto, vinculado a Sideco Americana, la compañía de la familia Macri, que recién vendió sus acciones en mayo de 2017.

Las firmas dedicadas al arbolado suelen ganar las licitaciones para el mantenimiento de espacios públicos y limpieza de parques y plazas. Entre todas se llevan 10 mil millones de pesos. Mantelectric, aportante a la campaña del PRO, obtuvo dos zonas del «Servicio de Mantenimiento Integral de las Áreas Verdes» por 150 millones junto a SES SA, que perteneció a Nicolás Caputo hasta 2016. También ganaron zonas para arreglar y volver a arreglar veredas.

Ecología Urbana, Casa Macchi y Urbaser, responsables del arbolado, también obtuvieron licitaciones de mantenimiento de espacio verdes, poniendo en evidencia el negocio cartelizado del espacio público porteño.