A principios de 2016, el gobierno nacional anunció que los efectivos de Gendarmería y Prefectura afectados a tareas de patrullaje en zonas urbanas serían progresivamente retirados para devolverlos a sus funciones originarias en fronteras y ríos. Pero desde mediados de año se sucedieron los anuncios de nuevos envíos de fuerzas federales a distintas ciudades. ¿Qué ocurrió para que se diera este giro? La “inseguridad” volvió a ser noticia y las autoridades consideraron que debían mostrarse proactivas.

En los últimos años se consolidaron estrategias de seguridad basadas en la “saturación policial” y el “control poblacional”, aceptadas acríticamente y promovidas por funcionarios de diversas orientaciones políticas. Parte central de estas estrategias consiste en el envío de fuerzas federales a distintos barrios, casi como un reflejo automático ante cualquier caso conmocionante o demanda de la política local. Este tipo de medidas se adopta sin diagnósticos ni objetivos, más allá de mostrar presencia policial, y en general no sirvieron para disminuir niveles de violencia ni bajar índices delictivos. Cambiemos repite la fórmula y la misma ausencia de ideas.

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El “control poblacional” a través de la saturación policial, ineficaz para reducir el delito, tiene en cambio otras consecuencias preocupantes en términos de abusos y violencias ejercidas fundamentalmente sobre los jóvenes. Las fuerzas federales quedan reducidas a una moneda de cambio en la negociación política entre intendentes, ministros, gobernadores y presidentes. Son movidas de aquí para allá sin planificación. Y lo que se consigue con esto es quitar de la discusión pública la cuestión de las reformas policiales urgentes, tanto a nivel de las fuerzas provinciales como federales. «

*Investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.