La nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal es ante todo un reconocimiento. Por un lado, de lo que efectivamente está ocurriendo en Argentina desde hace años: para mejorar su calidad de vida miles de personas cultivan la planta. Las personas que no pueden hacerlo, cuentan con alguien que lo hace por ellas. Y en esta dinámica solidaria, cada vez son más quienes cultivan colectivamente.
La nueva reglamentación, también reconoce el trabajo paciente de las organizaciones civiles: miles de ciudadanas y ciudadanos preocupados en poner fin a una clandestinidad cruel, y también ocupados en que el Estado deje de estar al margen de la realidad y tome una decisión trascendental: garantizar derechos por demasiado tiempo postergados. El aporte de esas personas es invaluable, porque transitando situaciones de salud apremiantes y siendo criminalizadas, nunca dejaron de apostar a construir una sociedad mejor.
Por supuesto, también es un reconocimiento a las diferentes instituciones públicas, desde universidades hasta municipios y provincias, que comenzaron a discutir alternativas para acompañar a usuarios y usuarias desde sus posibilidades. Ahí están los servicios de varias facultades dispuestas a acompañar a quienes quieren mejorar sus aceites medicinales. Ahí están las normas que concejales y legisladores provinciales han impulsado porque entendieron que era su responsabilidad hacerlo. Ese camino recorrido comenzará a rendir sus frutos en poco tiempo, cuando se multipliquen las adhesiones a la ley nacional.
Se trata de un nuevo piso que fue construido por múltiples actores y que requerirá trabajo a medida que el tiempo evidencie nuevas necesidades. La nueva reglamentación es una plataforma sólida de acuerdos fundamentales que permite pensar un porvenir con mejores políticas públicas.
