«Por la tierra», una serie documental sobre el impacto del agronegocio en los derechos humanos

El día que Sabrina perdió su embarazo habían fumigado en un campo vecino. Los médicos de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, le dijeron en voz baja que estaba intoxicada con glifosato, pero nadie se animó a firmar el diagnóstico. La de esa vecina del interior bonaerense es una de las historias que recupera “Por la tierra”, una serie documental que indaga sobre el impacto del agronegocio en los derechos humanos, que se estrenó este jueves 28 de noviembre. 

La serie documental consta de cuatro capítulos dirigidos por la realizadora Irene Kuten, basados en una investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, en conjunto con Terra de Direitos de Brasil, BASE-IS de Paraguay, la Fundación TIERRA de Bolivia, Misereor y ECCHR de Alemania.

Desde hace años, el agronegocio y el uso de pesticidas avanzan sobre Latinoamérica, ante Estados cuya función oscila entre la débil regulación y la complicidad. Las consecuencias recaen sobre cientos de comunidades que ven afectados sus derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la tierra y a un ambiente sano.

A partir de las voces de estas comunidades nació «Por la tierra». En sus capítulos se narran los impactos de esas tensiones en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Pero también, los procesos de organización y resistencia que las propias personas y comunidades llevan adelante para defenderse.

El estreno se realizó en simultáneo este jueves en los cuatro países. Los capítulos ya están disponibles en el canal de Youtube del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Cuatro países, cuatro historias

Argentina. Afectación a la salud en el polo sojero de Pergamino. 

Sabrina y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011 empezaron a tener alergias y problemas respiratorios, cada vez que fumigaban en los campos cercanos. Los médicos le decían en voz baja que estaban intoxicados, pero nadie se animaba a darle formalmente un diagnóstico. En los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina. Entonces, tuvieron que mudarse.

Paraguay. El agronegocio avanza sobre las tierras de campesinas

La Colonia Yvype se encuentra en la región noreste de Paraguay, a unos 245 km de Asunción. Esta colonia agrícola abarca una superficie total de 3.889 hectáreas. Son 190 lotes de 20 hectáreas asignados inicialmente a agricultores campesinos como parte de la reforma agraria, destinados a desarrollar la Agricultura Familiar Campesina. En la actualidad, la colonia está rodeada y penetrada por el monocultivo de soja impulsado por grandes y medianos productores que se dedican al agronegocio. El avance desmesurado expulsa a los pobladores del lugar. Las escuelas fueron clausuradas por el Ministerio de Educación y Ciencia, con la excusa de que ya no hay estudiantes suficientes. Las familias campesinas que resisten al avance de los cultivos mecanizados, son desalojados y criminalizados.

Brasil. Contaminación de los pueblo indígenas Avá-Guaraní

Paraná es el segundo estado productor de soja de Brasil. En los municipios de Guaíra y Terra Roxa, predomina el uso de agrotóxicos. En estos dos municipios, donde se siembra predominantemente soja y maíz, hay tres aldeas avá-guaraníes. La relación entre los pueblos indígenas y los agricultores es tensa. Uno de los problemas principales es el acceso al agua. El uso intensivo de pesticidas ha contaminado ríos y alimentos. Esto no solo afecta a los pueblos indígenas, también a los animales. Las enfermedades son cada vez más frecuentes: vómitos, dolores de cabeza, abortos espontáneos, dificultad para respirar. En pruebas de laboratorio se verificó la presencia de glifosato y su principal metabolito, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), en fuentes de agua de las aldeas (Y’Hovy, Pohã Renda y Ocoy).

Bolivia. La deforestación consecuencia del cultivo de soja transgénica

En Bolivia, el cultivo de la soja genéticamente modificada ocupa el 50% de las tierras cultivadas de Santa Cruz, el departamento que concentra 7 de cada 10 hectáreas de tierras agrícolas del país. En la última década (2011-2022), se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja, lo que evidencia que el modelo se sostiene gracias a la incorporación permanente de nuevas de tierras a costa de los bosques tropicales y primarios. Esto impacta de manera directa sobre la vida cotidiana de las personas que habitan en las comunidades de Portoncitos y San Antonio, en la región de la Chiquitanía.