La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al Estado bonaerense por las muertes de los siete presos en la seccional primera de Pergamino por no solucionar las condiciones de alojamiento en los lugares de encierro y pidió «clausurar todos los calabozos de las comisarías de la Provincia».

Dicho organismo exige a las autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, “todos los calabozos de las comisarías de la Provincia», informó en un comunicado de prensa. La CMP agrego además, que «estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes». El comunicado continúa afirmando que, “todas las personas detenidas están bajo custodia del Estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí.”

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La tragedia posee un tinte agravante debido a que al lamentable hecho “se suma una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades», explicó CMP. La misma organización, por otra parte, afirmó que «el colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes».

La Comisión Provincial por la Memoria, realizó un enfático pedido por la democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la Policía Judicial, la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos.

La CMP viene denunciando estas situaciones ante la Justicia y los organismos internacionales. En este camino, presentó una medida cautelar en el año 2015, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses.

La acción cautelar fue avalada por el organismo que ordenó al Estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.

Según el informe anual del organismo, las cifras de superpoblación ascienden al 500 por ciento. La situación general hoy para toda la provincia indica que hay más de 3000 detenidos para un total de 1060 camastros.