La tarjeta SUBE comenzó a funcionar hace poco más de 10 años y su alcance continúa aún hoy en expansión por grandes ciudades del país como Mendoza, donde esta semana empezó a implementarse de modo piloto. Incluso, se cree que dentro de unos seis meses el sistema podrá ser utilizado a través del celular, sin necesidad de estar conectado a internet y con la posibilidad de asociarla a una cuenta bancaria. Por eso resulta inexplicable que no haya habido voluntad política para incluir a los discapacitados en el servicio.

Cualquier usuario de transporte público habrá advertido que cuando una persona con discapacidad hace uso de la gratuidad que le corresponde por la ley nacional 22.431 debe mostrar su certificado ya sea al chofer de un colectivo, micro o al personal encargado de cuidar que nadie salte el molinete del subte o el tren.

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Un detalle importante es que la tarjeta SUBE ya contempla una tarifa diferencial para jubilados, pensionados, empleados domésticos, ex combatientes de Malvinas y quienes sean titulares de diferentes planes sociales. Sin embargo, el colectivo de discapacitados nunca fue incluido.

Gerardo Enrique Arias es uno de los discapacitados que sufre esta discriminación a diario y si bien intenta revertir la situación desde hace años, no tuvo suerte. “Este muchacho se acercó el año pasado a la cátedra de Práctica Profesional de la UBA con un reclamo de larga data. Había agotado todas las instancias administrativas por lo que empezamos a elaborar junto a los docentes el recurso judicial”, señaló a Tiempo Guido Romano, de 26 años, quien está a punto de recibirse de abogado.

De hecho, el primer reclamo de Arias fue en mayo de 2016 ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde se abrió el expediente 13896983, cuyas actuaciones fueron remitidas a la Jefatura de Gobierno, que a vez envió el trámite a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). En septiembre de 2016, el damnificado también hizo lo propio ante la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).

Finalmente, luego de no obtener respuestas Arias volvió a la carga hasta que en febrero de 2018 la CNRT le informó que había resuelto que no era competente para atender su solicitud. El muchacho también acudió directamente al Ministerio de Transporte donde después de recorrer varias de sus dependencias dejaron de contestarle.

En concreto, Arias sostiene que ve afectada su autonomía “al iniciar y finalizar el trayecto” cuando utiliza un servicio de trasporte público de pasajeros. “En el caso de trenes y subtes los molinetes requieren el apoyo de la tarjeta magnética SUBE tanto para ingresar como para salir de las estaciones. Entonces, somos dependientes del personal del servicio de transporte: pues no podemos ingresar ni egresar si dicho personal no se encuentra físicamente”, indicó el damnificado en el recurso de amparo al que tuvo acceso este diario y está dirigido en contra del Ministerio de Transporte.

La situación se agrava aún más cuando “en muchas ocasiones, la desinformación, el prejuicio, el autoritarismo de los choferes de colectivos nos somete a un engorroso interrogatorio sobre nuestra discapacidad”, continúa el escrito. De esta manera, la persona con discapacidad se ve expuesta al resto de los pasajeros que se sienten con derecho a expresarse “a favor y en contra de quienes utilizamos el pase”.

Además, el viaje no queda registrado de ninguna manera por lo que si tuvieran SUBE, automáticamente las personas con discapacidad contarían con el seguro de viaje correspondiente. Por otra parte, hay algunas estaciones de subte o de tren en las que para ingresar al baño debe pasarse en la puerta la tarjeta magnética. Este servicio también estaría condicionado.

En el amparo judicial fue presentado el lunes por los alumnos ante el juzgado Contencioso Administrativo Federal cuya titular es la jueza María Alejandra Biotti. El escrito lleva la firma de Varina Suleiman y Juan Pedro Camalot, los profesores titulares de la cátedra, donde además se brinda asistencia y patrocinio gratuito para aquellas personas que deben asesorarse sobre diferentes problemáticas y no tienen dinero para costear un abogado.

“El reclamo es por una persona pero la acción es colectiva para que rija para el resto de las personas que estén en una situación similar”, contó Romano. En recurso elaborado tiene un alcance contemplado para el Área Metropolitana de Buenos Aires, es decir la capital y 40 distritos de sus alrededores.

“El grupo de alumnos asumió con compromiso el trabajo de desafiar la constitucionalidad de una omisión estatal que arrasaba con la letra de la Constitución y tratados internacionales que prohíben el trato desigual y la discriminación”, explicó a Tiempo la abogada Suleiman, quien destacó que “en la demanda han logrado demostrar que cuando el Estado se compromete a “garantizar” está asumiendo la obligación de promover las condiciones que igualen oportunidades”.