En sintonía con la normativa de un puñado de países, el Senado, por amplia mayoría, dio media sanción al proyecto de ley del Ejecutivo que busca regular la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Mientras los legisladores debatían la iniciativa, referentes de asociaciones cannábicas se autoconvocaron frente al Congreso para recordar que en el país hay miles de personas presas por haber tenido algún tipo de vínculo con la planta.

En los últimos años, la Argentina dio pasos importantes respecto a la despenalización del cannabis para uso medicinal y su cultivo. Así se llegó a la Ley 27.350, que impulsa el desarrollo científico y la investigación médica. Al mismo tiempo, en varias provincias surgieron proyectos productivos, la mayoría con el sello del Estado. Pero todo esto tiene sabor a nada visto desde la cárcel, donde muchos pasan meses o años para probar que no son delincuentes. Y no siempre lo logran.

Máximo López es la cara visible del denominado Frente de Presos y Presas por Plantar, pero casos como el suyo se multiplican en penales y comisarías. Tiene 33 años y está alojado en Sierra Chica desde el 23 de febrero, luego de haber estado cinco días en la comisaría de Tapalqué. Su pesadilla comenzó el 9 de septiembre de 2020, cuando la Policía Bonaerense allanó su casa de Azul, por una investigación vinculada al juego clandestino.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Los agentes debían llevarse documentación, computadoras, papeles con anotaciones y dispositivos electrónicos, pero cuando le preguntaron al “sospechoso” si en la casa había algo más que pudiera comprometerlo, Máximo les mostró el lugar donde guardaba los cogollos de marihuana que oportunamente había cortado de su propia cosecha. En total, secuestraron 428 gramos de cannabis, sobre todo ramas.

Este comerciante, padre de tres hijos y sin antecedentes penales hasta ese momento, no tuvo más novedades de la investigación por presuntas “apuestas virtuales”, pero comenzó a recibir nuevas visitas de la policía para notificarlo del avance de una causa instruida por el juez de Garantías Federico Barberena y el fiscal Lucas Moyano. Finalmente, el 18 de febrero, le notificaron que quedaba preso.

“Me detienen por supuesta tenencia con fines de comercialización. Sin ninguna prueba. Ni denuncias de vecinos, ni filmaciones de pasamanos. No tenía balanzas, bolsitas, ni nada de eso. Para la justicia, yo lo tenía fraccionado en frascos para la venta, pero la guardo así para conservarla”, explica Máximo a Tiempo desde la cárcel, y añade que solía hacer “aceite para mí y para darle a mi madre, a sus amigas, a la tía de mi mujer, a su padre. Es buenísimo para muchas dolencias”.

Máximo es uno de los fundadores de la Asociación Civil Cannabis Terapéutico Pigüé, que encabeza los reclamos por su liberación. Incluso, el joven azuleño solía poner el cuerpo ante otras detenciones similares, como la que hoy le toca padecer. “Nos parece ilógico que en el Congreso se debata una regulación sobre una actividad que ya venimos realizando y no se resuelva nuestra situación”, puntualiza Máximo, que está a cuatro materias de convertirse en procurador, el título intermedio de la carrera de Abogacía. Pudo continuar sus estudios en la sede intramuros de la Universidad Nacional del Centro, donde ahora busca el preingreso a la Facultad de Ciencias Sociales. Pero la justicia rechazó el pedido de excarcelación de su defensa y, por ahora, debería esperar el juicio preso.

“El Frente de Presos y Presas por Plantar suma adhesiones todos los días, de organizaciones civiles y políticas como la Correpi, de gremios y federaciones universitarias, entre otros organismos”, cuentan desde Acción Cannábica a este diario, y concluyen: “El gobierno y la justicia tienen en sus manos los instrumentos para solucionar este flagelo. Estamos pidiendo el indulto, una amnistía o la absolución de los compañeros detenidos, y que dejen de perseguirnos; queremos que se nos reconozca como trabajadores del cannabis”.

El debate en el Senado y la necesidad de coherencia jurídica

Con 56 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Senado dio el jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. De los legisladores que opinaron, el chubutense Alfredo Luenzo se destacó por reconocer que este debate se dio “gracias al esfuerzo, a la lucha y a poner el cuerpo en un tema como es el cannabis medicinal, que les ha costado y les sigue costando, porque no hay marco normativo hasta que sancionemos la ley, la detención y la angustia a quienes autocultivan con fines medicinales”.
“Hay un Estado que todavía sigue siendo crítico a la hora de amalgamar una idea en que la cada uno de los poderes entienda qué es lo que estamos persiguiendo”, resumió el senador, y contó que en Chubut, “en la tapa de un diario, no hace mucho, se hablaba de que la provincia estaba promoviendo la industrialización del cannabis junto con la Universidad de la Patagonia, y en la misma tapa se mostraba a chicos a los que habían sorprendido con un par de plantas de cannabis, presos”. Tras contar esa anécdota, Luenzo analizó: “Tenemos que trabajar desde el Estado para dar coherencia, capacitar a las fuerzas de seguridad, a nuestros agentes sanitarios, que es donde tenemos que hacer el abordaje, desde un Estado que realmente comprenda que la planta de cannabis por sí sola no es dañina, no es un problema. Al contrario, tiene muchas virtudes. Entonces, tenemos que seguir debatiendo la despenalización, porque las cárceles están llenas de inocentes, de gente que necesitaba la planta para obtener una medicina que cure su dolor”.