En medio de marchas y protestas, la Legislatura porteña aprobó en la noche del 10 de noviembre el presupuesto 2023 para la Ciudad de Buenos Aires. El PRO, que gobierna el territorio desde hace 15 años, se ufana de haber logrado el consenso dentro su fuerza política que le permitió contar con 33 votos a favor de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y Consenso Federal cuando solo necesitaba 31 para obtener la mayoría. Como contrapartida, hubo 27 votos en contra de legisladores del Frente de Todos, la Izquierda y Libertad Avanza.

Desde Juntos por el Cambio se habla de un presupuesto no solo superavitario sino que de déficit cero. Según lo estipulado, los recursos ascenderán a $ 2.164.001 billones, correspondiendo $ 2.156.596 billones a los recursos corrientes y $ 7.404 millones a los de capital. Pero tanto organizaciones sociales como sindicales se movilizaron en los últimos días para denunciar que los números, en realidad, significan ajustes en materia de salud y educación, así como un aumento sensible a las partidas de publicidad y propaganda, considerando que en 2023 será un año electoral.

Los vaivenes del presupuesto

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia difundió un comunicado donde desglosa diferentes aspectos críticos del presupuesto porteño aprobado. En cuanto a derecho a la ciudad, se observa una caída del 13,54% de la asignación para el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) con relación al presupuesto vigente. A su vez, baja al 0,89% la participación del IVC sobre el total del presupuesto, posicionándolo en el porcentaje más bajo de los últimos diez años (en 2017 representaba el 3,96%). No conforme con ello, se reducen un 17,5% las partidas destinadas a la población en situación de calle, a pesar del aumento de personas que viven en esta situación.

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Asimismo, se verifica una disparidad en la distribución geográfica de los recursos y la falta de inversión en localizaciones más postergadas ya que el presupuesto del Programa para la Integración Urbana de Villas cae un 20,11% con la excepción de Fraga y el Barrio Mugica.

Con respecto salud mental, continúa una tendencia de concentración del gasto en los hospitales monovalentes (el 77,4%), lo que hace evidente que la Ciudad no ha avanzado en su obligación de sustituir dichas instituciones por dispositivos de base comunitaria tal como lo establece la Ley porteña de Salud Mental N° 448. En este sentido se resalta la gravedad de “la situación presupuestaria del Programa de Externación Asistida del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en tanto cae en un 97,77% en valores reales en relación con el presupuesto original del 2021 y representará solamente el 0,01% del gasto total en salud mental”.

En materia de género y diversidad, el presupuesto aprobado identifica un monto de $34.730,3 millones, equivalente al 1,61% del presupuesto total. La mayor parte de estos recursos se identifican con acciones encaminadas a promover la autonomía económica y a cerrar brechas de ingresos laborales por razones de género. En 2019 se aprobó la Ley N° 6170 que regula el etiquetado de programas, proyectos y actividades destinadas a promover la igualdad entre los géneros. Si bien el presupuesto para 2023 identificó porcentajes por Jurisdicciones y por brechas, no se hizo con el nivel de detalle que exige la Ley. Dentro de las áreas destinadas a garantizar derechos de mujeres y LGBTIQ+ se observa una caída del 15% del presupuesto de la Dirección General de la Mujer, monto que equivale al 0,06% del presupuesto total y representa la participación más baja desde su creación.

ACIJ llamó expresó la necesidad de que el gobierno porteño mejore sus estándares de transparencia presupuestaria. En ese sentido, se manifestó con preocupación porque el no se publica información actualizada que permita hacer un seguimiento en tiempo real de la ejecución del presupuesto. “Los últimos datos disponibles tienen cifras provisorias del segundo trimestre de 2022, es decir que no contemplan la modificación presupuestaria realizada por Ley N° 6.552, de julio de 2022”. Es por ello que el análisis de las variaciones puede presentar diferencias con los valores actualizados.

La crítica opositora

Durante la sesión, Claudia Neira, legisladora por el Frente de Todos dijo que el presupuesto no prevé la  recomposición salarial que demandan los médicos residentes de los hospitales porteños, que “cobran 120.000 pesos y hacen guardias de 24 horas que no son pagas”. Respecto a la estructura tributaria de la Ciudad, la legisladora dijo que mientras los impuestos sobre el patrimonio, como los inmuebles- descendieron “un 40%, desde 2008, aumentaron los que afectan a la actividad comercial y el consumo”, entre ellos Ingresos Brutos y el tributo sobre las compras con tarjetas de crédito.

Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda, afirmó que el presupuesto aprobado “convalida una política de ajuste contra los trabajadores”. Y añadió que “la participación en el presupuesto del gasto en salud baja un punto porcentual” para el año próximo, y el gasto del Gobierno porteño para publicidad aumenta en términos reales un 171%.

Incluso, desde La Libertad Avanza, Ramiro Marra sostuvo que el Gobierno porteño “va a recaudar un 23% más que el año pasado y ni se le ocurre pensar en cómo bajarle los impuestos al contribuyente”.