“El genocidio no paró, continúa. Cambió quizás la metodología, pero la situación está igual”, dice Evis Millán, miembro del Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, desde la comunidad mapuche Lof Pillañ Mahuiza, en Chubut. Cinco siglos igual, dice, y señala entre las nuevas formas del genocidio la “invasión” de empresas extranjeras en los territorios de los pueblos y las actividades extractivistas. Mientras distintas comunidades originarias resisten contra estos avances en diferentes puntos del país, las mujeres convocaron para este 12 de octubre al “primer paro plurinacional y concentración en solidaridad con los pueblos indígenas”.

“Con el movimiento decidimos hacer un llamamiento a toda la sociedad –explica Millán, en diálogo con Tiempo- Decimos que todos los territorios y todos los pueblos puedan parar para interpelar a este sistema, que avanza a través del terricidio: nuestros territorios son invadidos por empresas, en general extranjeras, con el aval de los gobiernos. Y con el extractivismo provocaron desastres, asesinando bosques y ríos. Empresas sojeras, forestales. Han hecho un asesinato sobre la diversidad, sobre la naturaleza. El paro es para hacer un llamamiento a la sociedad en general, no solo a nuestros pueblos”.

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Uno de los mensajes que se busca específicamente con la medida es interpelar a las estructuras sindicales. “Es un llamado para que los gremios puedan poner en agenda algo que es urgente: entendemos que estamos en emergencia y muchas veces las estructuras sindicales permanecen ajenas a la situación que atravesamos”, dice Millán. “La gran mayoría de los trabajadores son indígenas. Yo soy docente en una escuela primaria, y vemos que nuestra precariedad en lo laboral es constante. Vemos hermanas sindicalizadas a las que no se les respetan sus derechos; cuando queremos participar de una ceremonia espiritual importante no se toma en cuenta y se nos descuenta. Diferentes cuestiones que tienen que ver con la identidad. Esas cosas no están contempladas en los gremios”.

El Movimiento de Mujeres Indígenas ya venía incrementando sus medidas de reclamo. En mayo último, representantes de las 36 comunidades originarias se movilizaron en caravana desde el norte y desde el sur para confluir en Casa Rosada y hacer llegar sus pedidos y proyectos, como el de creación de una Defensoría Territorial de Mujeres Indígenas. Les aseguraron que serían convocadas a una reunión, pero aún no ocurrió. “Ya pasaron muchos meses. Uno de los objetivos para este paro es pedir que el Estado lleve a cabo nuestro proyecto, sobre todo por la urgencia que se está viviendo en los territorios para mujeres y niñas, que están siendo violentadas”, advierte Millán. “El Chineo, las violaciones que se están suscitando a lo largo del territorio, y la violencia de género no encuentran ningún dispositivo institucional, ni de contención para la abolición de estas prácticas”, alerta el documento que acompaña la medida en este 12 de octubre.

Luchas originarias que se fusionan con luchas feministas y ambientalistas, ante violencias que afectan especialmente a mujeres pobres de sectores vulnerables. “Las mujeres argentinas, no sólo las indígenas, han cumplido un rol fundamental en esta organización. Estamos en un proceso donde la tierra, la Pacha, está demandando que la protejamos. Lo que está sucediendo es tremendo y ese rol lo estamos llevando las mujeres, las dadoras de la vida. Muchas de las que estamos en el Movimiento somos madres, abuelas, y eso nos impulsa a poder estar organizadas en la defensa de la vida”.

Este primer paro de pueblos originarios en una fecha tan emblemática como el 12 de octubre tendrá movilizaciones y puntos de concentración en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, será a las 16 en el Obelisco, para marchar luego al Congreso. Además de la aprobación de la Defensoría Territorial de Mujeres, los pedidos concretos al Estado argentino son la promulgación de la Ley de propiedad comunitaria indígena, la aplicación de un dispositivo “político, democrático y humano para detener todos los desalojos y operativos represivos contra los Pueblos Indígenas” y el cese de la criminalización sobre estas comunidades.