La comisaría 6ta está capacitada para el alojamiento de ocho personas y había 30; sin embargo seguía funcionando pese a estar inhabilitada por orden judicial y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
“Esta dependencia policial tienen la capacidad física de alojar solo a ocho personas, sin embargo, había treinta mujeres detenidas, pese a la prohibición clara y precisa que existe de alojar a estas poblaciones en comisarías”, explicó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo. La justicia hizo lugar al trámite que “iniciamos y tras confirmar los hechos denunciados pidió informes a los policías”, agregó.
“Durante abril de este año el porcentaje de sobrepoblación en comisarías ascendía a 234%”, enumeró el secretario ejecutivo. “Los datos de nuestro organismo indican que, en base a partes oficiales de población detenida, del total de comisarías con personas detenidas solo el 51% tiene calabozos habilitados para alojar personas”, señaló.
“En octubre del 2020 la Justicia bonaerense ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires trasladar de inmediato a las personas privadas de libertad que estuvieran alojadas en dependencias policiales inhabilitadas o clausuradas”, reconstruyó García. Siguió apuntando que en ese momento también “reiteró la prohibición de alojamiento de jóvenes y enfermos en las comisarías haciendo extensiva la medida también a mujeres embarazadas. Además, entre 2016 y 2020, hubo 2.725 personas en situación de encierro que no tenían lugar para dormir”.
“La comisaría 6ta de Ezpeleta está clausurada judicial y administrativamente”, aseguró el secretario ejecutivo. Tanto la justicia como el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires “dispusieron que no pueden alojar personas en ese lugar por las malas condiciones en que se encuentra”.
Sin embargo, en la última semana “recibimos una serie de denuncias a partir de las cuales pudimos constatar que había 30 mujeres detenidas en el lugar”, contó el abogado. También recordó que se trata de “un espacio que cuando estaba habilitado sólo tenía capacidad para alojar a 8 personas”.
Es por todo ello que este organismo presentó un habeas corpus colectivo y la Justicia -durante los últimos días- ordenó que las detenidas sean trasladadas y redistribuidas de inmediato en otras dependencias policiales, alcaidías y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según la situación procesal de cada una. Además, solicitó un informe a la comisaría y los mismos policías confirmaron las graves condiciones en las que se encontraban las mujeres allí cautivas.
“Todo esto es muy grave, porque el mismo informe policial describe que la comisaría sólo cuenta con 4 celdas con 2 camas cada una, cuatro baños y que los calabozos no tienen conexión de agua caliente”, remarcó el secretario ejecutivo. El resumen de los propios uniformados “menciona problemas eléctricos, de agua para consumo humano y de cloacas que se desbordan con olor nauseabundo”, detalló.
“Lo que informaron los policías es la misma situación -o parecida- a la que había sido descripta por nosotros en el habeas corpus, sobre que las condiciones de detención implicaban un riesgo para la integridad y la salud de estas mujeres”, denunció el abogado. Subrayó que la mayoría de las detenidas “dormían sobre frazadas en los pasillos por falta de espacio en las celdas y no todas tienen colchones”
“El suelo donde descansaban está húmedo todo el tiempo por las pérdidas de agua y falta de mantenimiento”, aseguró el secretario ejecutivo. Dos de las mujeres que fueron encontradas en esas condiciones “están embarazadas y una tercera con diagnóstico de cáncer de mama”, denunció.
Permanecían es esa comisaria “sin ningún tipo de atención médica, sin alimentación adecuada, ya que no tenían permitido ingresar elementos para cocinar, ni productos refrigerados y tampoco acceso al agua potable”, se quejó el abogado.
Finalmente, la resolución del Tribunal en lo Criminal 2 de Quilmes “define la situación de las detenidas como insostenible”, celebró el secretario ejecutivo. Tanto por la superpoblación, “la falta de colchones, espacio físico, por estar sin acceso a agua caliente y sin las condiciones mínimas de salubridad. Estas son razones más que suficientes para considerar violadas la Constitución Nacional y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, concluyó.
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