El Borda no tiene paz. El 26 de abril se cumplieron cuatro años de la represión, cuando quisieron instalar en su patio trasero el Centro Cívico. Fue la primera vez en la historia que un gobierno democrático reprimió dentro un hospital, atacando a médicos y pacientes, y la herida permanece abierta en el inconsciente de todo el neuropsiquiátrico, un trauma que recorre esos pasillos fríos con conexiones deficientes y servicios de gas que nunca llegan. El nuevo aniversario llegó con los reclamos impotentes por la causa judicial en la que todos los funcionarios quedaron absueltos y en cambio cinco trabajadores siguen procesados. Pero sumó una novedad: ahí donde entró la policía, ahora quieren instalar una cárcel. 

Sin aviso a la comunidad hospitalaria, el martes previo a la Semana Santa arribó personal de la Ciudad, secretarios de la justicia federal y otros del Tribunal Penal Contravencional. “Un tipo de la justicia nos dijo que están analizando hacer una cárcel de tránsito en el Borda –relata Juan Carlos Ybarra, trabajador del lugar e integrante de la Comisión Directiva de ATE Capital–. Después de lo del Centro Cívico, no vamos a permitir que se haga algo relacionado a la policía acá dentro. Es volver atrás.”

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El lugar visitado fue la Unidad 20, un pabellón que era unidad psiquiátrica penal para pacientes “castigados”, la mayoría por descompensación psicótica. Durante años recibió múltiples denuncias de organismos de derechos humanos por “sobrepoblación”, “vejaciones” y “falta de ventilación”. En mayo de 2011, la unidad se incendió y murieron dos jóvenes presos por asfixia. Quedó clausurada. En los últimos meses se lo pensó como sitio para el Polo de Neurociencias que promueve el PRO de la mano de Facundo Manes, para conformar un “corredor medicinal” con el Polo Farmacéutico de Villa Lugano. Luego la pensaron como “Servicio para adictos” y finalmente como “Gerontopsiquiátrico”. Todas esas opciones fueron rechazadas. 

La intromisión de hace 20 días motivó una asamblea de los trabajadores. Hasta los médicos municipales, afines al macrismo, rechazaron la iniciativa. Se declararon en estado de alerta y movilización, lo que generó una respuesta del Ministerio de Salud porteño, el lunes 17 de abril, a través de una carta donde afirman que esa iniciativa “no se condice ni forma parte de los planes de salud del GCBA y asimismo no resulta ajustada a la legislación nacional y local vigentes sobre Salud Mental”. No niega las visitas ocurridas, ni la idea de la cárcel, solo asegura que ellos no están involucrados.
Después, la misma comitiva gubernamental–judicial, con miembros del Servicio Penitenciario Federal, fue al Moyano (vecino del Borda, para mujeres), donde observaron la ex Unidad 27, con “mejores comodidades”. Era una unidad similar a la 20 del Borda, y también cerró en 2011. “Parece que la del Moyano estaba en mejores condiciones edilicias y están prefiriendo pasar acá la Alcaidía de Tribunales para presos comunes, porque la Corte no quiere ceder más el lugar que usan hasta ahora”, denunciaron desde la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Moyano. 

La decisión de insertar una cárcel de tránsito en alguno de estos hospitales choca contra la siempre incumplida Ley de Salud Mental, que plantea justamente lo contrario: iniciar un proceso de centros de salud mental de puertas abiertas, interdisciplinarios, y construir en paralelo lugares alternativos como casas de medio camino y hospitales de día. Nada de esto encaró el gobierno porteño. En cambio, Salud de Nación pretende derogar el plazo estipulado por ley que fija el año 2020 como límite para la existencia de neuropsiquiátricos, asociados a la figura de manicomio. Lugar de encierro para locos. Como una cárcel. «