Alcanza con apenas una palabra –fibromialgia– para ser preciso. Se necesitan algunas más para contar el drama detrás del diagnóstico. “Te duele hasta el pelo. Ojos, cabeza, brazos, todo. Lo que pasa con el dolor crónico es que te inhabilita, te quita las ganas de hacer cualquier cosa. Ponerse de pie ya es un esfuerzo descomunal. Te querés matar porque no le encontrás el sentido a vivir así”.

El miércoles 1 de diciembre, una comitiva de prefectos mandados por el juez federal Ariel Lijo irrumpió en la casa de la odontóloga Edith Bernstein, en Gonnet, La Plata, y le quitó lo único que le hace bien. “Se llevaron toda mi medicina. Las plantas, los aceites, mis elaborados. No me dejaron ni un gotero. Si no fuera por los cultivadores solidarios que se me acercaron, no podría seguir adelante. Es indignante lo que hicieron conmigo”.

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En detalle, Edith, de 59 años y madre de dos hijos, sufrió un allanamiento de 12 horas, la incautación de toda su producción de cannabis con fines medicinales para tratar su patología, el traslado en camión a Buenos Aires como detenida, la requisa de sus partes íntimas y la demora de una noche entera hasta que le devolvieron su libertad, luego de comprobar que sus antecedentes eran “intachables”.

“Fue un calvario. En medio del allanamiento me desmayé por el estrés. Les pedí que me dejaran tomar unas gotitas de cannabis para sentirme mejor, pero me dijeron que no. Tampoco llamaron a un médico ni me dejaron que me comunique con mi hijo. Me trataron como si fuera un narco, pero yo no hago el mal, yo hago el bien”.

Edith sufre fibromialgia desde los 15 años, en una época en la que los médicos no sabían ni cómo nombrarla. Pese a todo, estudió, se casó, tuvo los hijos, se mudó al sur, se separó y volvió a La Plata. Recién en 2015, ya acostumbrada a una vida dolorosa, probó el aceite de cannabis. Pocas veces se impone tanto la figura bíblica de la resurrección.

“Entendí lo que era ser feliz, que no es otra cosa que sentirse bien, que no te duela nada, que puedas dormir a la noche. Volví a tener ganas de hacer cosas, de salir. En definitiva, volví a tener ganas de vivir”.

Edith comenzó a producir su propia medicina. Investigó, se capacitó y plantó sus propias semillas. También compró cepas con determinados principios activos hasta lograr una cosecha de flores con dosis altas de CBD, que le permitieron ni más ni menos que una existencia digna. Pronto entendió que podía hacerles llegar a los demás el mismo alivio.

“Producir cannabis medicinal es un trabajo arduo, pero me comprometí porque hay mucha gente desesperada. Padres de hijos con epilepsia, Parkinson, ELA, que sufren el dolor crónico que tanto soporté. Por eso soy solidaria con otras personas y les regalo parte de mi producción. Esa misma gente ahora me llama porque necesita aceite y no sabe qué hacer. Les digo que ni yo sé qué voy a hacer porque me quitaron todo”.

Quiero que el juez me llame y me pida disculpas”

A Edith se le inició una causa judicial radicada en Comodoro Py por infracción a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes –llamada comúnmente Ley de Drogas–, por lo que tuvo que contratar los servicios de un abogado defensor. Si bien nunca fue notificada formalmente de los elementos que la vincularon con la investigación, pudo enterarse de que el expediente se abrió hace dos años y de que un detenido la señaló como vendedora con el único objetivo de morigerar su condena. A más de una semana del operativo, la Justicia todavía tiene retenido el celular de Edith, por lo que tuvo que salir a comprar otro que, al igual que el anterior, está “pinchado”. Tampoco le devolvieron los 19 mil pesos y los 3500 dólares que tenía en su casa como ahorros y que Prefectura, supuestamente, incautó como prueba.

“Lo primero que quiero –dice– es que me devuelvan todo lo que me sacaron. Y después quiero que el juez Lijo me llame y me pida disculpas porque me arruinaron mi vida y también la de mi mamá de 86 años, a la que también le allanaron en su casa. Es un golpe muy duro a nuestra dignidad. Una quiere hacer el bien y la tratan como la mierda. Lo que esta gente hizo está mal y genera miedo. Por eso salgo y doy la cara, porque hay que ir para el otro lado, no tenemos que dejar de cultivar, porque es nuestro derecho. Es la Justicia la que tiene que responder por lo que hizo conmigo”. «

Ley de Drogas: más de 30 años de persecuciones

En septiembre, la Ley de Drogas N° 23.737 cumplió 32 años. Si bien en todo ese tiempo hubo avances en la regulación del cannabis, aún hoy el cultivo y el consumo son delitos penados con prisión. En 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución. El “fallo Arriola” se convirtió en un precedente que, al menos en la teoría, iba a derribar el inútil paradigma de perseguir a los usuarios. Los hechos se encargaron de probar lo contrario.

En el informe “La ley de drogas en números. Sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico”, su autora, la antropóloga social e investigadora del Conicet Florencia Corbelle, constató que “entre 2010 y 2019 creció un 147% la cantidad de personas presas por infracciones a la ley de drogas en Argentina”. Para dar cuenta de la magnitud, en 2019 constituían el 15% del total de la población carcelaria del país. Y con fuerte sesgo de género. Según datos del mismo año, la mitad de las mujeres presas en cárceles del país había sido juzgadas por delitos vinculados a drogas. La violación a la Ley 23.737 también fue el motivo de encarcelamiento del 57% de la población trans alojada en penales de  la Argentina.