Durante la reseñalización de La Huerta, organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar exigieron que la Justicia de Mar del Plata ponga fecha al juicio por los crímenes cometidos en el ex centro clandestino de detención de Tandil.
“La causa fue elevada al Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) N°1 de Mar del Plata, es quien tienen que fijar la fecha de inicio del juicio”, contó a Tiempo, Matías Moreno, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y remarcó: “Esperamos que sea este año, es una causa en la cual este organismo es querellante”.
El funcionario explicó que hay un pedido de las víctimas para que la etapa oral del debate se desarrolle en la ciudad de Tandil, “esto permitirá mayor visibilización del juicio”.
Además de las imputaciones de los miembros de las fuerzas armadas, están procesados con prisión preventiva los hermanos Julio y Emilio Méndez. Serán juzgados en el marco de esta causa “porque hay cuatro testimonios que sostienen haber estado en la quinta de los Méndez detenidos en forma clandestina”. Moreno puntualiza en que es otra de las tantas causas que muestra “la participación necesaria de miembros de la sociedad civil en estos crímenes”.
El ex centro clandestino de detención La Huerta está ubicado en la intersección de Ruta 226 y el acceso a la Base Aérea Militar de Tandil a cargo de la Brigada de Caballería Blindada. Allí el viernes pasado repusieron una señalización “que se había colocado hace seis años y que por cuestiones climáticas y estar en el medio del campo, estaba deteriorado, percudido e ilegible”, explicó el subsecretario. Y cerró subrayando que realizaron la actividad con la “participación de víctimas, sobrevivientes, organismos de Derechos Humanos y autoridades locales para que no se olvide lo que pasó en ese lugar”.
Guadalupe Gárriz es concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de DDHH, Género, Seguridad y Garantía, HCD de Tandil. En diálogo con este diario contó que “es importante mencionar que esta causa que se conoce como La Huerta” acumula dos expedientes que también “involucran delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1° y la 2°”. Además, señaló que estos centros “formaron parte del circuito represivo de la ciudad de Tandil”.
El 14 de agosto de 2019 solicitaron a la justicia marplatense que ponga fecha al juicio, sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. “Queremos que se fije fecha de inicio de una vez por todas y que el debate se realice en Tandil, porque fue donde sucedieron los hechos”, enfatizó la concejala Gárriz. “Consideramos que es fundamental para la reconstrucción de la memoria colectiva. También para que los sobrevivientes y familiares tengan un proceso de reparación subjetiva”, agregó.
La concejala explicó que para que esto suceda es imprescindible el compromiso de toda la comunidad acompañando cada paso. “El juicio debe ser una oportunidad de participación democrática de la sociedad civil. Así lo venimos solicitando desde hace más de dos años con el Equipo de Acompañamiento a Víctimas de Lesa Humanidad de Tandil, familiares y sobrevivientes”. Y destacó que “nuestra ciudad ya aprendió que el camino es la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.
Gárriz expresó que es un “deseo irrenunciable de poder saber lo que sucedió”, para poder juntar todas las piezas de un rompe cabeza que “fue dañado, alterado, intencional y sistemáticamente estropeado”. Aseguró que es el amor que reúne a los tandilenses para “hacer pública la estrategia nefasta de la dictadura”.
La Huerta fue reconocida por dos objetos que mencionaron varios testigos que estuvieron secuestrados en el lugar. “Una es la salamandra con la cual solían calefaccionar el lugar. La segunda era una caja de seguridad verde oliva”, finalizó detallando la funcionaria.
A partir de distintos testimonios se supo que en este centro clandestino de detención las torturas tenían lugar durante los interrogatorios y que estos por momentos cobraban la dimensión de una discusión política e ideológica entre los militares y los detenidos.
El caso
La Huerta es un predio rural que funcionó entre 1976 y 1978 como un lugar de detención ilegal en la última dictadura cívico-militar, con participación del Ejército y la Policía Bonaerense. Fue reconocido en 1984 en el marco de una causa judicial en la que declararon diversos testigos. Luego intervino el Juzgado Federal de Azul y actualmente el TOCF N° 1 de Mar del Plata que también actuó en el juicio por los delitos de lesa humanidad de Monte Peloni, que se desarrolló en Olavarría durante febrero de 2015.
En 2001 el Grupo Memoria por la Vida en Democracia de Tandil, junto a otros organismos de derechos humanos, colocaron una piedra en el ingreso a este sector del ex centro clandestino. Fue hecha por el escultor Eduardo del Pino. En mayo del 2015 se realizó la señalización de memoria verdad y justicia. El viernes pasado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobrevivientes y familiares repusieron el cartel que estaba deteriorado por el tiempo.
Allí se cometieron crímenes en perjuicio de 70 personas, la causa tiene 18 imputados, entre ex policías, penitenciarios, militares y los civiles Julio y Emilio Méndez. Estos últimos fueron condenados a 11 y 15 años de prisión en la causa por el secuestro y asesinato del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Alberto Moreno.
